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Normativas de Reaseguro en Panamá:
Ley No. 63 del 19 de Septiembre de 1996 - 3er y Último Anticipo
A continuación reproducimos la Ley No. 63 del 19 de Septiembre de 1996, por la cual se Regulan las Operaciones de Reaseguros y las de las Empresas Dedicadas a esta Actividad en Panamá. En esta ocasión reproducimos los títulos IV, V y VI
TITULO IV
De la transferencias de cartera y la Intervención
CAPÍTULO I
Transferencia de cartera
Artículo 43. Previa autorización de la Comisión, cualquier empresa de reaseguros podrá transferir total o parcialmente su cartera a otra compañía de Reaseguros de solvencia comprobada. Para este efecto, los solicitantes remitirán a la Comisión copia certificada del contrato de transferencia de cartera, así como de la aceptación por los reasegurados de dicha transferencia y de los documentos relativos a esta. La Comisión dará su autorización únicamente si la Compañía aceptante está capacitada económica y administrativamente para asumir la cartera.
Ninguna transferencia surtirá efecto sin la autorización en mención, ni afectará los derechos de los reasegurados.
Los reasegurados inconformes podrán cancelar sus contratos de acuerdo con las prácticas usuales de la actividad.
Artículo 44. Cuando una empresa resuelva liquidar la totalidad de su negocio en el país, la Comisión nombrará un liquidador por el tiempo que dure la liquidación con el fin de salvaguardar los intereses de los reasegurados.
Artículo 45. La Comisión podrá solicitar la cooperación de los gremios existentes vinculados a la actividad Reaseguradora para efectos de poder determinar el estado de las operaciones de una Reaseguradora.
Artículo 46. Cuando una empresa resuelva disolverse o liquidar la totalidad de sus negocios en el país, deberá presentar a la Comisión los siguientes documentos:
1. Poder al Representante Legal donde solicita la liquidación o disolución de la empresa.
2. Copia autenticada de la Resolución de la Junta de Accionista mediante la cual se aprueba el acuerdo de disolución de la sociedad.
3. Borrador del Acuerdo de Disolución o Liquidación.
4. Certificación del Registro Público en la que consta la existencia de la sociedad sus directores y Representante Legal.
5. Estados Financieros auditados de los dos últimos años.
6. Constancia de terminación de sus compromisos con la cedentes y la eliminación de sus saldos pendientes.
Una vez concedida la aprobación de la liquidación por parte de la Comisión esta procederá a revocar la autorización para operar en el ramo de Reaseguro; La compañía solicitante cesará inmediatamente sus operaciones y sus facultades quedarán limitadas a las estrictamente necesarias para llevar a cabo la liquidación.
TITULO IV
De la transferencia de cartera y la Intervención
CAPÍTULO II
Intervención y sus efectos
Artículo 47. La Comisión mediante Resolución motivada, podrá intervenir los negocios de una empresa tomando posesión de sus bienes y asumiendo su administración en los términos que la propia Comisión determine, en cualquiera de los siguientes casos:
1) Si la empresa lleva a cabo sus operaciones de modo ilegal, negligente o fraudulento.
2) Si se niega, después de ser requerida, a exhibir los registros contables de sus operaciones o si obstaculiza de algún modo su inspección.
3) Si reduce el capital pagado o las reservas legales o técnicas por debajo de lo requerido por la Ley, o mantiene una relación entre primas netas retenidas y patrimonio neto, inferior a la requerida por la Ley.
4) Si en el ejercicio fiscal de que se trate, las empresas a que se refiere esta Ley, o en el caso de las sucursales, la casa matriz, reflejan una reducción neta en su cuenta de capital superior al treinta por ciento (30%) de la misma.
5) Si el activo de la empresa no es suficiente para satisfacer íntegramente su pasivo.
6) Si la empresa no puede proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los reasegurados.
7) Si la Comisión lo juzga conveniente por haberse demorado indebidamente la liquidación o disolución voluntaria.
Artículo 48. Contra la Resolución que decrete la intervención, procede únicamente el recurso contencioso administrativo. El término para presentar la demanda correspondiente será de diez días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del aviso de que trata el Artículo 47 de esta Ley.
La interposición de la demanda contencioso administrativa no suspenderá en modo alguno los efectos de la intervención ni habrá lugar a que se decrete suspensión provisional de dicha orden. Artículo 49. Una vez dictada la resolución que decrete la intervención, la Comisión fijará copia en lugar visible y accesible al público en el establecimiento principal de la empresa.
El aviso permanecerá fijado de tal manera por espacio de tres días, al cabo de los cuales se entenderá hecha la notificación.
Artículo 50. En la Resolución que decreta la intervención, la Comisión designará al interventor o los interventores que considere necesarios con la finalidad de que ejerzan privativamente la administración y control de la empresa intervenida además de aquellas otras que les conceda la Comisión los interventores tendrán las siguientes facultades en el desempeño de su cargo:
1) Realizar un inventario de pasivos y activos de la Compañía y remitir copia a la Comisión.
2) Suspender o limitar el pago de las obligaciones de la empresa intervenida por un plazo que en ningún caso excederá el término de la intervención.
3) Emplear el personal auxiliar necesario y remover o destituir a los funcionarios o empleados cuyos servicios a juicio del interventor no fuesen estrictamente necesarios; a aquellos cuya actuación dolosa o negligente haya sido causa de la intervención,así como a los que no se consideren necesarios.
4) Recomendarle a la Comisión la devolución de la administración y el control de la empresa a sus Directores o Socios Administradores, según sea el caso, o la reorganización, quiebra o liquidación voluntaria de la empresaa al finalizar la intervención.
5) Iniciar, defender y proseguir acciones judiciales, administrativas o de arbitraje. Previa solicitud motivada de los interventores hecha en el transcurso de la intervención, la Comisión podrá ampliar las facultades originales concedidas con propósito determinados.
Artículo 51. Los interventores serán elegidos a juicio de la Comisión con preferencia a otras profesiones si cuentan con experiencia administrativa en el negocio de Reaseguros.
Artículo 52. El período de intervención será de no más de ciento ochenta días calendarios, salvo que por razones excepcionales y previa solicitud motivada de los interventores, la Comisión, decida extenderlo.
Artículo 53. Vencido el término de la intervención el o los interventores deberán entregar un informe final a la Comisión en el cual harán constar:
1) Los aspectos relevantes de su gestión.
2) El Inventario de Activos y Pasivos de la empresa.
3) La recomendación a la Comisión bien sea de la reorganización, liquidación forzosa o voluntaria, de la quiebra o de la devolución de la Administración y el control de la empresa a sus Directores o Socios Administradores, según sea el caso.
Artículo 54. La Comisión tendrá treinta (30) días calendarios para decidir si acata la recomendación del o de los interventores o si procede de otra manera. Dentro de este período de decisión la Comisión podrá citar cuantas veces lo estime necesario al o los Interventores para que brinden las explicaciones adicionales de su gestión.
Artículo 55. Transcurrido el plazo de que trata el Artículo anterior, la Comisión dictará una Resolución decretando la reorganización de la empresa, o solicitándole al tribunal competente la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa, o devolviendo la empresa a sus directores o socios administradores, según sea el caso, si considera que no se justifica ninguna de aquellas medidas. Dicha resolución será notificada a la empresa mediante edicto en su establecimiento principal y al público mediante aviso publicado por tres) días consecutivos, en un periódico de amplia circulación dentro de la República de Panamá. Contra tal Resolución no habrá lugar a Recurso alguno.
Artículo 56. La Compañía intervenida no estará sujeta a secuestro, embargo o retención, ni procederá solicitud alguna de quiebra o de liquidación forzosa, así mismo se suspenden la prescripción de sus créditos y deudas. Tampoco podrá pagarse deuda de la Compañía intervenida, originada con anterioridad a la intervención sin la autorización de la Comisión.
Artículo 57. Mientras dura la intervención, ningún bien de la empresa intervenida podrá ser secuestrado ni embargado.
Artículo 58. Si durante el período de la intervención se subsana la causa que la originó, los interventores podrán solicitar a la Comisión su suspensión. Esta contará con un plazo de quince días calendarios para decidir sobre tal solicitud. Vencido dicho plazo se devolverá la administración y el control de la Compañía a sus directores y en caso contrario se decretará que continúe la intervención. Contra esta Resolución no habrá lugar a Recurso alguno.
Artículo 59. Si la Comisión decide que es conveniente la reorganización de la empresa dentro del plazo que establece el Artículo 52 de esta Ley, elaborará un plan de reorganización que contendrá como mínimo lo siguiente:
1) La designación de un Comité Ejecutivo integrado por el número de personas que estime necesario, y que no tengan relación directa, ni indirecta con la Compañía intervenida. Este Comité ejercerá privativamente la Administración y control de la Compañía mientras dure la reorganización y responderán directamente a la Comisión. El Comité Ejecutivo estárá compuesto por personas con un mínimo de cinco años de experiencia Administrativa en el negocio de Reaseguros, las cuales serán designadas por la Comisión, previa consulta con la Asociación o Asociaciones Nacionales de Reaseguros. El Comité dictará sus propio reglamento para la celebración de sesiones y la toma de decisiones.
2) Las pautas generales en cuanto al método de reorganización para lograr el objetivo de devolver la Compañía a una operación eficiente y segura, teniendo en consideración el interés de los reasegurados, acreedores, Accionistas o Socios.
3) Las Instrucciones para remoción de cualquier Director, Dignatario o Socio Administrador o la destitución de cualquier Administrador u otro empleado cuya actuación dolosa o negligente haya contribuido total o parcialmente a la intervención y reorganización de la Compañía.
4) El período dentro del cual se deberá completar la reorganización, que podrá ser porrogado por la Comisión hasta por igual duración con base en solicitud motivada del Comité Ejecutivo.
Artículo 60. La puesta en vigor del plan de reorganización será precedida de su publicación por tres días consecutivos en un periódico de circulación nacional en la República de Panamá y mientras esté vigente, será obligatorio para todos los acreedores de la empresa y no procederá por causa alguna su declaratoria de quiebra o de liquidación forzosa secuestro ni embargo alguno sobre sus bienes resultante y de obligaciones adquiridas con anterioridad al plan de reorganización.
Artículo 61. Al vencimiento del período de reorganización o de su prórroga de no haberse completado satisfactoriamente la reorganización, o en cualquier momento en que el Comité Ejecutivo o la Comisión lo considere necesario por encontrarse la Compañía en estado de insolvencia o por cualquier otro motivo que haga imposible o extremadamente difícil su recuperación, la Comisión dará por terminada la reorganización y solicitará la declaratoria de quiebra o de liquidación forzosa de la empresa, según sea el caso. También se procederá de esta manera cuando medie solicitud en tal sentido de los acreedores y reasegurados de la Compañía que representen una mayoría de las deudas pendientes de pago, sean o no de plazo vencido, y del valor de los contratos de Reaseguros vigentes emitidos por la empresa. Contra la resolución de la Comisión de que trata este artículo, no habrá lugar a recurso alguno.
Artículo 62. El Comité Ejecutivo rendirá un informe mensual de su gestión a la Comisión, el cual incluirá un informe financiero con la misma fecha de cierre que el informe mensual correspondiente. Además, el Comité Ejecutivo rendirá los informes adicionales que le solicite la Comisión.
Artículo 63. De concluir satisfactoriamente, la gestión de reorganización, la Comisión devolverá la administración y el control de la Compañía a sus directores o socios administradores, según sea el caso.
Artículo 64. Todos los costos que cause la intervención o reorganización, incluyendo los sueldos y emolumentos de los miembros del Comité Ejecutivo, del interventor o interventores y del administrador interino serán fijados por la Comisión, con cargo a la Compañía de Reaseguros.
Artículo 65. Si la Comisión decide que procede la quiebra de la Compañía objeto de la intervención o reorganización, remitirá el expediente al tribunal competente, a fin de que dicte la declaratoria de quiebra y ordene los trámites correspondientes. A tal efecto, se considerará a la Comisión como un acreedor de la Compañía con derecho a solicitar su quiebra. El curador de la quiebra será nombrado de una terna propuesta por la Comisión. Mientras el Tribunal competente no nombre al liquidador o, al curador de la quiebra respectivamente la Comisión podrá nombrar un Administrador Interino quién se encargará de salvaguardar los intereses y custodiar los bienes de sus acreedores.
Artículo 66. Si la Comisión estima necesaria la liquidación forzosa de la Compañía objeto de la intervención, presentará solicitud fundada de liquidación al Tribunal competente, la cual se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. A tal efecto, se considera a la Comisión como un acreedor de la compañía con derecho a pedir la liquidación forzosa de esta. Los liquidadores serán nombrados de una terna propuesta por la Comisión.
Artículo 67. La decisión de solicitar la quiebra o liquidación forzosa de una Compañía de Reaseguros, le será notificada por edicto fijado en un lugar visible de su establecimiento principal en la ciudad de Panamá. Dicha decisión será notificada también al público mediante aviso publicado por tres días consecutivos en un periódico de amplia circulación en la República de Panamá sin perjuicio de aquellos otros interesados para la presentación de sus créditos y reclamos, bien sea en el caso de la quiebra o de la liquidación forzosa.
Artículo 68. La disposiciones que en materia de quiebra y liquidación forzosa contienen la Ley de Seguros y los Códigos de Comercio y Judicial serán aplicables a la quiebra y liquidación forzosa de Compañías de Reaseguros en cuanto no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley.
Artículo 69. Desde la fecha de la declaratoria de quiebra o de liquidación forzosa hecha por el tribunal competente, todos los contratos de reaseguros en que sea parte la Compañía afectada quedarán resueltos, correspondiéndole a los reasegurados un crédito contra la masa por la suma de la prima pagada pero no causada, en proporción al período de cobertura correspondiente a dicha prima que queda sin efecto como resultado de la resolución del contrato de reaseguro respectivo. De igual manera, estarán los Reasegurados obligados para con la Compañía por el pago de aquella parte de la prima pagada pero no causada por el beneficio de la cobertura del riesgo que corresponda hasta la fecha de la declaratoria de quiebra o liquidación.
Artículo 70. Una vez solicitada la quiebra o la liquidación forzosa, la Comisión enviará por correo recomendado a los reasegurados de la Compañía afectada, a la dirección que aparezca en los libros de la misma, aviso de la solicitud de quiebra o de liquidación forzosa y una copia del último estado financiero de la Compañía en que figure el último saldo de su contrato.
Artículo 71. Cuando alguna persona se dedique a explotar alguna de las actividades reguladas por esta Ley sin tener la licencia correspondiente, la Comisión le ordenará cesar tales actividades en un plazo determinado. De igual modo, ordenará su intervención inmediata y se procederá según lo establecido en este Capítulo.
TITULO V
De las sanciones
Capítulo único
Artículo 72. Las entidades y Compañías o personas jurídicas que a través de sus representantes expidan contratos de reaseguro, sin estar autorizadas para ejercer el negocio de reaseguros de conformidad con esta Ley serán sancionadas con multa de mil balboas (B/.1,000) a cincuenta mil balboas (B/.50,000.) y los contratos así celebrados serán nulos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal tendrán que devolver al reasegurado cualquier prima recibida de este.
Artículo 73. A las entidades, compañías o personas que violen el Artículo 6 de esta Ley se les impondrá multa de dos mil balboas (B/.2,000).
Artículo 74. La Superindentencia está facultada para imponer multa de mil balboas (B/.1,000) a cincuenta mil balboas (B/.50,000) según la gravedad de la falta, por toda infracción o incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley o de las instrucciones legalmente dadas por ella para la cual no se haya dispuesto sanción especial en esta Ley incluyendo el negarse a permitir la inspección y el examinen de los libros.
Artículo 75. Cualquier trabajador o funcionario de la Superintendencia que de manera indebida divulgue información concerniente a las Compañías de Reaseguros obtenida en el desempeño de sus funciones oficiales será sancionando con multa de cien balboas (B/.100) a quinientos balboas (B/.500) y destituido inmediatamente de su cargo, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal.
Artículo 76. Las multas a que se refiere el presente Capítulo serán consignadas a la cuenta de la Superintendencia para uso exclusivo de esta, tal como lo señala la Ley 59 de 1996. Las Resoluciones que las impongan serán apelables en en el efecto suspensivo ante el Ministro de Comercio e Industrias.
TITULO VI
De las disposiciones generales
Artículo 77. El Órgano Ejecutivo queda facultado para reglamentar la presente Ley.
Artículo 78. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y deroga la Ley 56 de 1984 y toda disposición que le sea contraria.
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Reinsurance Regulations in Panama: Law No. 63 of September 19, 1996 - 3rd and Last Advice
Below we reproduce Law No. 63 of September 19, 1996, which regulates Reinsurance Operations and those of Companies Dedicated to this Activity in Panama. On this occasion we reproduce the titles IV, V and VI
TITLE IV
Of portfolio transfers and intervention
CHAPTER I
Portfolio transfer
Article 43. Prior authorization from the Commission, any reinsurance company may transfer all or part of its portfolio to another verified solvency reinsurance company. For this purpose, the applicants shall send to the Commission a certified copy of the portfolio transfer agreement, as well as the acceptance by the reinsured of said transfer and the documents related thereto. The Commission will give its authorization only if the accepting Company is economically and administratively qualified to assume the portfolio.
No transfer will take effect without the authorization in question, nor will it affect the rights of the reinsured.
Reinsured nonconformists may cancel their contracts in accordance with the usual practices of the activity.
Article 44. When a company resolves to liquidate all of its business in the country, the Commission will appoint a liquidator for the duration of the liquidation in order to safeguard the interests of the reinsured.
Article 45. The Commission may request the cooperation of the existing unions linked to the Reinsurance activity in order to be able to determine the status of a Reinsurer's operations.
Article 46. When a company decides to dissolve or liquidate all of its business in the country, it must submit the following documents to the Commission:
1. Power to the Legal Representative where he requests the liquidation or dissolution of the company.
2. Authenticated copy of the Resolution of the Shareholder's Meeting through which the dissolution agreement of the company is approved.
3. Draft Dissolution or Liquidation Agreement.
4. Certification of the Public Registry in which the existence of the company consists of its directors and Legal Representative.
5. Audited financial statements for the last two years.
6. Proof of termination of its commitments with the cedants and the elimination of their outstanding balances.
Once the approval of the settlement has been granted by the Commission, it will proceed to revoke the authorization to operate in the Reinsurance branch; The requesting company will immediately cease its operations and its powers will be limited to those strictly necessary to carry out the liquidation.
TITLE IV
Of the portfolio transfer and the intervention
CHAPTER II
Intervention and its effects
Article 47. The Commission, through a reasoned resolution, may intervene in the business of a company by taking possession of its assets and assuming its administration in the terms that the Commission itself determines, in any of the following cases:
1) If the company carries out its operations illegally, negligently or fraudulently.
2) If it refuses, after being required, to display the accounting records of its operations or if it hinders its inspection in any way.
3) If it reduces the paid capital or legal or technical reserves below what is required by the Law, or maintains a relationship between net premiums withheld and net worth, lower than that required by law.
4) If in the fiscal year in question, the companies referred to in this Law, or in the case of the branches, the parent company, reflect a net reduction in their capital account of more than thirty percent (30%) ) Of the same.
5) If the company's assets are not enough to fully meet its liabilities.
6) If the company can not continue its operations without jeopardizing the interests of the reinsured.
7) If the Commission deems it convenient because the voluntary liquidation or dissolution has been unduly delayed.
Article 48. Against the Resolution that decrees the intervention, only the contentious administrative appeal proceeds. The term to present the corresponding demand will be of ten business days counted from the date of notification of the notice referred to in Article 47 of this Law. The filing of the contentious administrative action will not suspend in any way the effects of the intervention nor will there be a place where provisional suspension of said order is decreed.
Article 49. Once the resolution decreeing the intervention has been issued, the Commission will fix a copy in a visible place and accessible to the public in the main establishment of the company. The notice will remain fixed in such a way for three days, after which the notice will be understood to have been made.
Article 50. In the Resolution that decrees the intervention, the Commission will designate the intervenor or the intervenors that it deems necessary with the purpose of exercising privately the administration and control of the company intervened in addition to those others granted by the Commission. following faculties in the performance of their position:
1) Make an inventory of liabilities and assets of the Company and send a copy to the Commission.
2) Suspend or limit the payment of the obligations of the company intervened for a period that in no case will exceed the term of the intervention.
3) Employ the necessary auxiliary personnel and remove or dismiss the officials or employees whose services, in the opinion of the financial controller, are not strictly necessary; those whose fraudulent or negligent actions have been the cause of the intervention, as well as those that are not considered necessary.
4) Recommend to the Commission the return of the administration and control of the company to its Directors or Administrative Partners, as the case may be, or the reorganization, bankruptcy or voluntary liquidation of the company at the end of the intervention.
5) Initiate, defend and prosecute judicial, administrative or arbitration actions. Upon a reasoned request from the auditors made during the intervention, the Commission may extend the original powers granted for specific purposes.
Article 51. The auditors will be chosen at the discretion of the Commission in preference to other professions if they have administrative experience in the Reinsurance business.
Article 52. The period of intervention shall be no more than one hundred and eighty calendar days, except that, for exceptional reasons and upon a reasoned request from the intervenors, the Commission decides to extend it.
Article 53. Once the term of the intervention has expired, the auditors must submit a final report to the Commission in which they will state:
1) The relevant aspects of its management.
2) The Assets and Liabilities Inventory of the company.
3) The recommendation to the Commission either of the reorganization, compulsory or voluntary liquidation, of the bankruptcy or of the return of the Administration and the control of the company to its Directors or Administrative Partners, as the case may be.
Article 54. The Commission will have thirty (30) calendar days to decide whether to comply with the recommendation of the auditors or if it proceeds otherwise. Within this decision period, the Committee may cite as many times as it deems necessary to the Auditors to provide additional explanations of their management.
Article 55. After the term referred to in the previous Article, the Commission will issue a Resolution decreeing the reorganization of the company, or requesting the competent court the declaration of bankruptcy or forced liquidation, or returning the company to its directors or managing partners, according to be the case, if it considers that none of those measures is justified. Said resolution shall be notified to the company by means of an edict in its main establishment and to the public by means of a notice published for three consecutive days, in a newspaper of wide circulation within the Republic of Panama. There shall be no recourse against any such Resolution.
Article 56. The Company intervened will not be subject to sequestration, seizure or withholding, nor will any bankruptcy or forced liquidation request proceed, likewise the prescription of its credits and debts is suspended. Neither can the debt of the intervened Company be paid, originated before the intervention without the authorization of the Commission.
Article 57. While the intervention lasts, no good of the intervened company may be seized or seized.
Article 58. If during the period of the intervention the cause that originated it is remedied, the intervenors may request the suspension of the Commission. This will have a period of fifteen calendar days to decide on such request. Upon expiration of said term, the administration and control of the Company will be returned to its directors and otherwise it will be decreed that the intervention continue. There will be no appeal against this Resolution.
Article 59. If the Commission decides that it is convenient to reorganize the company within the term established in Article 52 of this Law, it will draw up a reorganization plan that will contain at least the following:
1) The designation of an Executive Committee composed of the number of people it deems necessary, and who have no direct or indirect relationship with the Company involved. This Committee will exercise the Administration and control of the Company exclusively for the duration of the reorganization and will respond directly to the Commission. The Executive Committee will be composed of people with a minimum of five years of Administrative experience in the Reinsurance business, which will be appointed by the Commission, after consultation with the Association or National Reinsurance Associations. The Committee will dictate its own regulations for holding sessions and making decisions.
2) The general guidelines regarding the reorganization method to achieve the objective of returning the Company to an efficient and safe operation, taking into consideration the interest of the reinsured, creditors, Shareholders or Partners.
3) The Instructions for the removal of any Director, Dignitary or Administrative Partner or the dismissal of any Administrator or other employee whose fraudulent or negligent act has contributed totally or partially to the intervention and reorganization of the Company.
4) The period within which the reorganization must be completed, which may be paid by the Commission for an equal duration based on a reasoned request from the Executive Committee.
Article 60. The implementation of the reorganization plan will be preceded by its publication for three consecutive days in a newspaper of national circulation in the Republic of Panama and while it is in force, it will be mandatory for all creditors of the company and will not proceed for cause any declaration of bankruptcy or compulsory liquidation, seizure or any seizure of their resulting assets and obligations acquired prior to the reorganization plan.
Article 61. At the expiration of the reorganization period or its extension if the reorganization has not been satisfactorily completed, or at any time when the Executive Committee or the Commission considers it necessary because the Company is in a state of insolvency or for any other reason make its recovery impossible or extremely difficult, the Commission will terminate the reorganization and request the declaration of bankruptcy or forced liquidation of the company, as the case may be. This will also be done when there is a request in this regard from the creditors and reinsurers of the Company that represent a majority of the outstanding debts, whether or not they are overdue, and the value of the current reinsurance contracts issued by the Company. company. Against the resolution of the Commission that this article deals with, there will be no recourse whatsoever.
Article 62. The Executive Committee will submit a monthly report of its management to the Commission, which will include a financial report with the same closing date as the corresponding monthly report. In addition, the Executive Committee will render the additional reports requested by the Commission.
Article 63. Upon satisfactory completion of the reorganization management, the Commission shall return the management and control of the Company to its directors or managing partners, as the case may be.
Article 64. All costs caused by the intervention or reorganization, including the salaries and emoluments of the members of the Executive Committee, of the intervenor or intervenors and of the interim administrator shall be determined by the Commission, at the expense of the Reinsurance Company.
Article 65. If the Commission decides that the bankruptcy of the Company object of the intervention or reorganization proceeds, it will send the file to the competent court, in order to dictate the declaration of bankruptcy and order the corresponding procedures. For this purpose, the Commission will be considered as a creditor of the Company with the right to request bankruptcy. The bankruptcy curator will be appointed from a shortlist proposed by the Commission. While the competent Court does not appoint the liquidator or the bankruptcy curator respectively, the Commission may appoint an Interim Administrator who will be in charge of safeguarding the interests and safeguarding the assets of its creditors.
Article 66. If the Commission deems necessary the compulsory liquidation of the Company that is the object of the intervention, it will submit a well-founded application for liquidation to the competent Court, which will be carried out in accordance with the pertinent legal provisions. For this purpose, the Commission is considered as a creditor of the company with the right to request the forced liquidation of the company. The liquidators will be appointed from a list proposed by the Commission.
Article 67. The decision to request the bankruptcy or forced liquidation of a Reinsurance Company, will be notified by an edict fixed in a visible place of its main establishment in the city of Panama. Said decision shall also be notified to the public by means of a notice published for three consecutive days in a newspaper of wide circulation in the Republic of Panama without prejudice to those other interested parties for the presentation of their claims and claims, either in the case of bankruptcy or the forced liquidation.
Article 68. The provisions that in bankruptcy and forced liquidation contain the Insurance Law and the Commercial and Judicial Codes shall be applicable to the bankruptcy and forced liquidation of Reinsurance Companies insofar as they are not incompatible with the provisions of this Law.
Article 69. From the date of the declaration of bankruptcy or compulsory liquidation made by the competent court, all the reinsurance contracts in which the affected Company is a part shall be resolved, and the reinsured shall receive a credit against the estate for the sum of the premium paid but not caused, in proportion to the period of coverage corresponding to said premium that remains without effect as a result of the resolution of the respective reinsurance contract. Likewise, the reinsured will be obligated to the Company for the payment of that part of the premium paid but not caused by the benefit of the coverage of the risk that corresponds until the date of the declaration of bankruptcy or liquidation.
Article 70. Once the bankruptcy or forced liquidation has been requested, the Commission will send by mail to the reinsured of the affected Company, to the address that appears in the books of the same, notice of the application for bankruptcy or forced liquidation and a copy of the last financial statement of the Company showing the last balance of your contract.
Article 71. When a person dedicates himself to exploiting any of the activities regulated by this Law without having the corresponding license, the Commission will order him to cease such activities within a certain period. In the same way, it will order its immediate intervention and proceed as established in this Chapter.
TITLE V
From the sanctions
Single Chapter
Article 72. Entities and Companies or legal entities that through their representatives issue reinsurance contracts, without being authorized to exercise the reinsurance business in accordance with this Law, will be sanctioned with a fine of one thousand balboas (B / .1,000) to fifty thousand balboas (B / .50,000.) and the contracts thus celebrated will be null and void. Without prejudice to the provisions of the Penal Code, they will have to return to the reinsured any premium received from the latter.
Article 73. Entities, companies or persons who violate Article 6 of this Law shall be fined two thousand balboas (B / .2,000).
Article 74. The Superintendent is authorized to impose a fine of one thousand balboas (B / .1,000) to fifty thousand balboas (B / .50,000) depending on the seriousness of the fault, for any infraction or non-compliance with the provisions of this Law or the instructions legally given by her for which no special sanction has been established in this Act, including refusing to allow the inspection and examination of the books.
Article 75. Any worker or official of the Superintendency who improperly discloses information concerning the Reinsurance Companies obtained in the performance of their official duties will be sanctioned with a fine of one hundred balboas (B / .100) to five hundred balboas (B /. 500) and dismissed immediately from his position, without prejudice to the sanctions established in the Penal Code.
Article 76. The fines referred to in this Chapter shall be consigned to the account of the Superintendency for the exclusive use of this, as indicated in Law 59 of 1996. The Resolutions that impose them will be appealable in the suspensive effect before the Minister of Commerce and Industries.
TITLE VI
Of the general provisions
Article 77. The Executive Branch is authorized to regulate this Law.
Article 78. This Act shall enter into force as of its promulgation and repeal Law 56 of 1984 and any provision that is contrary to it.
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