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>> PANORAMA ASEGURADOR

Claudio Ballerini, Presidente de la AACMS Relativo Optimismo Empresario



En un nuevo día del seguro, los aseguradores de riesgos patrimoniales reclamaron seguridad pública y jurídica, una política macroeconómica que reactive la cadena productiva y aumente la inversión de capitales, y la reducción de la presión impositiva que pesa sobre el sector. La incipiente reactivación económica y las medidas tomadas por el Gobierno en materia de seguridad los hace mostrarse relativamente optimistas.


Los empresarios de la industria aseguradora de riesgos patrimoniales celebraron un nuevo aniversario del día del seguro resaltando la respuesta del sector frente a la descomunal crisis económica y financiera.
En ese contexto, remarcaron su capacidad de recomposición sin recibir ningún tipo de “subsidio” del Estado y su contribución a la renegociación de la deuda pública al haber aceptado la pesificación de los títulos.
De cara al 2004, la incipiente reactivación económica que permitirá un crecimiento del orden del 7% para este 2003 y las acciones implementadas por el Gobierno ante la disparada de la delincuencia, les permiten plantear un horizonte con cierta esperanza.
Sin embargo, todo esto no invalida que a la hora de enumerar preocupaciones la lista sea sustanciosa. Las problemáticas más álgidas pasan por la inseguridad pública y jurídica, la todavía importante siniestralidad del ramo automotor, el comportamiento dispar e impredecible de la justicia y la falta de instrumentos de inversión.
A su vez, los aseguradores continúan acercando al Estado dos reclamos ya históricos: la reducción de la presión impositiva que pesa sobre el sector y la liquidación final del ex INdeR. Y por supuesto reclaman una política macroeconómica que reactive la cadena productiva y que permita aumentar la inversión de capitales públicos y privados.
Este es el panorama del sector delineado para “Mercado Asegurador” por Roberto Sollitto, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS); Néstor Abatidaga, presidente de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA) y Claudio Ballerini, presidente de la Asociación de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS).

Situación

Abatidaga, de ADIRA, plantea el siguiente cuadro de situación: “El mercado asegurador se encuentra en una franca recomposición desde fines de 2001 y 2002. Los efectos sobre nuestro mercado han sido intensos, tan intensos como los soportados por el mercado financiero. Sin embargo es necesario destacar que, hasta el momento, el sector asegurador no ha necesitado de subsidio alguno por parte del Estado, verdadero generador de la crisis. Los aseguradores hemos cumplido razonablemente con nuestras obligaciones mucho más eficientemente que otros sectores subsidiados. De alguna manera esto habla de la fortaleza que el mercado asegurador había gestado durante los años previos a la crisis”.
“Ahora bien -continuó- se requiere que esta situación sea prudentemente moderada por el Estado, evitando, como lo está haciendo ahora para el sector, la generación de normas que no tengan en cuenta algunas situaciones puntuales. En este sentido las exigencias a las aseguradoras no pueden ser desordenadas, arbitrarias y contundentes; debe imperar la previsibilidad en las acciones del Estado: sin previsibilidad no hay inversión duradera y sin ella, no hay desarrollo; ninguna medida debe desatender la rentabilidad del negocio asegurador ni perjudicarla. Sin rentabilidad, nuevamente la inversión se desalienta”.
Por otro lado, agregó, “es necesario seguir profundizando la tarea de persecución a quienes ejerzan este comercio sin las mínimas ataduras morales, sean ellos aseguradores, productores o simplemente ladrones con su ropaje. Como en todo país serio, resulta intolerable la competencia de quienes no emitan parte de las pólizas, no constituyan correctamente las reservas técnicas, no atiendan los juicios en tiempo y forma y no sean transparentes en cuanto a las inversiones que figuran en sus balances”.
Por su parte, Ballerini, de la AACMS, remarcó: “La situación actual del mercado asegurador no es ajena al estado de la economía en general en nuestro país. La cuestión que sí cabe destacar es que una vez más el sector tuvo que luchar frente a la incomprensión del Gobierno en lo relativo a las medidas tomadas por la emergencia como sucedió en otros sectores. En términos reales, la situación actual revela una tendencia a una leve mejoría”.

Preocupaciones

La siniestralidad del ramo automotor -negocio que concentra más del 60% del primaje total del sector- es la gran preocupación para las cámaras empresarias de riesgos patrimoniales.
El robo de vehículos se disparó de manera descomunal desde enero de 2002 y, como ya mencionamos, las sentencias judiciales continúan demostrando, según la zona del país, una disparidad tal que les impide manejarse con estimaciones actuariales certeras.
Roberto Sollitto, de la AACS, dimensionó: “La inseguridad impacta muy fuerte en la actividad aseguradora. Desde el 2001, aunque la serie marca un claro comportamiento de serrucho, la tendencia es creciente. Ya en el 2002 se registró un fuerte crecimiento de los robos de autos con un promedio que superó los 7.800 vehículos mensuales, mientras que en el 2001 la cifra se ubicaba en los 5.500. A partir de mayo las medidas tomadas por el Gobierno, como el combate a los desarmaderos y los operativos cerrojos en Capital Federal entre otras, permitieron observar una tendencia decreciente importante. En agosto, llegó a un mínimo de 3.500 unidades y en septiembre subió a 3.800”.
“Ahora -aclaró- en una serie con evolución en forma de serrucho hay que esperar varios meses para observar si hay cambios en la tendencia. Esperamos que estas medidas sean continuadas”.
En esta línea, la cámara, explicó Sollitto, realizó gestiones con el nuevo Gobierno desde su asunción. “Hemos tenido una muy buena acogida por parte del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Empezamos generando una reunión con el ministro a la que le llevamos las estadísticas de que disponíamos y ahora estamos en contacto permanente. Además, luego de la sanción de la ley de registro de autopartes se generó un grupo de trabajo para discutir su reglamentación que todavía sigue trabajando. El diálogo es bueno y hay vocación de continuar con las medidas. Si éstas son permanentes las perspectivas son buenas”.
Respecto al accionar de la justicia, el presidente de la AACS dijo: “Estamos sumamente preocupados por el criterio que estamos viendo en algunas sentencias judiciales. Se nos traban medidas precautorias en instancia del juicio que no lo justifican, lo que nos genera un encarecimiento muy fuerte. Apenas entra la demanda comienzan los embargos preventivos. Incluso en casos donde se han rechazado siniestros por falta de pago, en la demanda el juez ha fallado que la aseguradora deba hacerse cargo de los gastos médicos mientras dura el juicio. Estamos de acuerdo con las medidas cautelares pero trabadas en una instancia razonable del proceso judicial”.
A este tema, agregó la disparidad que observan en los montos de sentencia en casos similares: “Sería interesante obtener una mayor previsibilidad en las sentencias, porque el seguro se basa en un cálculo actuarial. Deberíamos ir en un futuro hacia un sistema de baremo”. Y sumó como preocupación la aprobación del proyecto de creación de una caja de jubilación especial para los abogados de la Capital Federal (ver recuadro).
Por su parte, Abatidaza, de ADIRA, opinó: “La siniestralidad en el ramo automotores continúa siendo el centro de preocupación por los resultados negativos que en su mayoría deben afrontar las compañías de seguros generales. Para contrarrestarla, resulta necesario trabajar cada vez con mayor profesionalidad en la aplicación de rigurosas medidas de selección de riesgos, adecuadas tarifas técnicas y, simultáneamente, brindar una rápida atención a los siniestros de modo de evitar el ingreso de demandas y con ello, el incremento de los costos que implica dejar avanzar estos procesos en el tiempo. Pero estas acciones que dependen de la voluntad administrativa y estrategias empresariales individuales, no alcanzan para enervar y mucho menos revertir aquellos efectos que han transformado al seguro de automotores en uno de los grandes problemas de la actividad y que no mostrará visos de solución definitiva en tanto persistan otros factores que escapan a nuestro control, tales como la imprevisibilidad de la justicia; la falta de una política de educación vial efectiva; la carencia de un exhaustivo control dirigido a lograr el cumplimiento de las normas de tránsito; la ausencia de un sistema eficiente de detección de fraudes; la falta de carreteras acordes a la magnitud del actual tránsito vehicular, todo lo cual redundaría sin lugar a dudas en una reducción de la frecuencia siniestral. A ello se suma la falta de decisión política por instrumentar un sistema de baremos que, como sucede en la Ley de Riesgos del Trabajo, permita reducir los porcentajes siniestrales fijando límites al crecimiento de las indemnizaciones que se fijan judicialmente”.
Y agregó: “Otra gran preocupación es consecuencia de las últimas medidas de conversión asimétricas y quitas que arbitrariamente dispuso el gobierno sobre sus pasivos, disminuyendo en idéntica medida las carteras de inversiones de las aseguradoras, que como todos sabemos, constituyen el principal respaldo de sus compromisos técnicos para con los asegurados. Mientras los vaivenes políticos continúan coadyuvando a la inestabilidad e inseguridad jurídica reinante, logran que nadie sepa ni pueda evaluar el impacto real que los incumplimientos de las obligaciones del Estado tendrán sobre los balances de las empresas”.
Sobre el punto, Sollitto precisó que la AACS entiende que las aseguradoras -fuertes inversores institucionales y tenedores de títulos públicos y préstamos garantizados- han contribuido con la renegociación de la deuda pública al haber aceptado la pesificación de los préstamos garantizados. “Tuvimos una doble negociación. Primero con el canje de títulos públicos por préstamos garantizados, donde hubo una reducción muy significativa de la tasa de interés y después al aceptar la pesificación de los préstamos garantizados en dólares con una pérdida de capital en términos reales. La renegociación con el sector ya está concluida”, dijo.
Y, por último, Ballerini agregó otros tópicos a este panorama general: “Creemos que no existe una receta que funcione para todas las aseguradoras por igual, ya que hay que tener en cuenta la cartera, el capital, las reservas, etc. Los problemas pueden variar, aunque no es aventurado decir que el IBNR genera problemas que se hubiesen solucionado con un diferimiento en el tiempo. Tampoco puede ignorarse la situación que existe en el país de violencia, robos, fraudes y fallos judiciales no ajustados a la realidad económica, situación que perjudica con mayor celeridad a la actividad del seguro. Con respecto a los instrumentos financieros, el sector soportó todas las calamidades sin que se lo haya compensado de ninguna forma”.

Reclamos

En línea con las preocupaciones, los empresarios plantearon sus reclamos al Gobierno.
Abatidaza, de ADIRA, dijo: “En numerosas oportunidades hemos hablado de la inseguridad jurídica y la necesidad de terminar con ella en aras de construir un país serio y pujante. Lejos de ello, hoy se suma también como reclamo generalizado el restablecimiento de la seguridad pública y nosotros, no sólo como seres humanos o padres de familia, sino también como empresarios, nos sentimos plenamente identificados con ese legítimo reclamo, porque la inseguridad pública no sólo atenta contra la libertad de las personas sino también contra la voluntad de inversión y capacidad de producción de las empresas. A nadie le interesa gerenciar su inversión o su producción en un país que no puede brindarle seguridad física a sus más caros afectos y valores personales”.
“Pero el problema -continuó- se agrava porque al no haber inversiones de capital que generen mayores puestos de trabajo, crece la desocupación y proporcionalmente a ella, aumenta la inseguridad pública y el riesgo moral de toda actividad se incrementa a modo de un círculo vicioso cada vez más difícil de atacar. La solución no pasa entonces por aumentar el presupuesto en seguridad y agregar efectivos que se sumen a las fuerzas de choque contra la delincuencia, hasta terminar en una verdadera guerra civil. Por el contrario, ello impone la necesidad imperiosa e impostergable de brindar una política macroeconómica, que bajo pautas de seriedad, estabilidad monetaria y seguridad jurídica por sobre todas las cosas, propenda a la reactivación de toda la cadena productiva de modo que aumente la inversión de capitales, sean públicos o privados, en obras y bienes de producción que permitan mejorar los actuales niveles de empleo”.
“Hace falta -precisó- un plan que reivindique la jerarquía y funcionalidad de las instituciones, definiendo objetivos claros y precisos sobre la base del consenso, respetando esencialmente los principios, garantías y derechos constitucionales; las funciones del Estado; las relaciones con las provincias; el sistema financiero e impositivo; la previsibilidad de la justicia; la educación; la salud y la economía como sinónimo de la producción y del trabajo honesto que dignifica al hombre, evitando su corrupción”.
En torno al cumplimiento de las deudas del Estado, sostuvo que “es necesario que se determine rápidamente el alcance definitivo con que honrará sus compromisos y, proporcionalmente a ello, es de esperar el grado de prudencia en sus exigencias para la valuación de esos activos por parte de las empresas”.
Y agregó: “También es necesario recordar que el Estado no ha cumplido todavía con la correspondiente liquidación definitiva del INdeR. Debemos retomar el tema y darle una solución concluyente. Y finalmente, es una demanda concreta al gobierno que cese en la dramática presión impositiva que se realiza contra nuestro sector, la que nos aísla, nos impide recomponer nuestros costos técnicos y castiga desmesuradamente al usuario, lo que dificulta permanentemente el crecimiento del primaje”.
Sobre este último punto, Sollitto dijo: “Nos preocupa la alta presión impositiva que pesa sobre el sector asegurador. Si se suma IVA e ingresos brutos estamos ante una presión que es la más elevada del mundo. Hemos enviado una nota al Ministro de Economía Roberto Lavagna solicitando un cambio de definición sobre la base imponible, esto es, primas menos siniestros que es nuestro principal costo, o bien que la alícuota sea reducida si se aplica sobre la totalidad de las primas. Pero todavía no tuvimos ninguna respuesta oficial”.
Y Ballerini reiteró que el sector que representa la AACMS “siempre solicita la revisión del sistema tributario aplicado a la actividad, por ser de una agresión muy fuerte a la economía de las empresas y de los asegurados”. Y agregó que esperan del Gobierno “que la tasa de Superintendencia sea usada como tasa y no como un impuesto, exigiendo la contraprestación y la autarquía económica y financiera del órgano de contralor para lograr de esta forma la mejora integral del sector”.

Futuro

Para Sollitto, la reactivación económica con un crecimiento estimado para este año del 7% traerá aparejada un aumento de las primas de seguro en el 2004. El ejecutivo sostuvo que ahora el mercado tiene un problema de liquidez sobre el que hay que empezar a trabajar de cara al futuro. “La comisión de inversiones de la Asociación está trabajando en propuestas que generen mecanismos de liquidez a las aseguradoras”, dijo y aclaró: “Hay que destacar la muy buena respuesta de la Superintendencia de Seguros y del Banco Central durante el 2002. Nos liberaron depósitos reprogramados para el pago de siniestros y agilizaron la transferencia de divisas al exterior para el pago de reaseguros. Tuvimos una respuesta buena y rápida”. En tanto, según Ballerini, “el mercado futuro necesita diseñar un perfil asegurador teniendo como visión las necesidades del sector, de los asegurados y de la economía, para la defensa del seguro nacional y la creación de un fondo de garantía que proteja a los asegurados”.
Por su parte, Abatidaga dijo: “La producción seguirá recomponiéndose como viene haciéndolo hasta ahora. Sin embargo, mucho dependerá, claro, de la recuperación del crecimiento del país. Insistimos en que no hay crecimiento sin inversión y, por lo tanto, hay dos factores que deben priorizarse: la seguridad (pública y jurídica) y la rentabilidad de los inversores. Si el gobierno da señales definitivas en ese sentido, la Argentina tiene una oportunidad importante de crecer y detrás el primaje del sector. De todas formas, faltará mucho todavía para volver a los valores de producción reales del 2001”.
“Para mejorar los resultados -explicó-, cuestión que no será mágica, sino fruto de esfuerzos colectivos, se necesita una revisión de productos, formas de comercialización y sistemas de prevención, encuadrados en una política duradera. Creemos haber llegado a una exigencia de solvencia de los aseguradores acorde con los niveles internacionales, por lo cual no esperamos novedades en ese sentido, fundamentalmente, que exijan una capitalización por imperio de nuevas normas”.
Además, puntualizó: “No esperamos una concentración mayor de operadores, aunque sí deseamos la desaparición definitiva de los que han violado cualquier norma comercial, técnica y ética y la de ciertos empresarios que, periódicamente, reaparecen en el mercado con nuevas entidades que, invariablemente, tienen el mismo destino de las que han fundido antes”.
En cuanto a productos, sostuvo: “El mayor desarrollo seguirá dándose en los vinculados a las tareas agropecuarias, por la participación que se espera de ellas en los próximos años. También en otros productos, relacionados con la salud, que ofrecen soluciones a necesidades puntuales de la población”.
Y remarcó: “Seguiremos propiciando la vía profesional de contratación de seguros, o sea, la que tiene al productor de seguros como eje. Creemos realmente en el buen servicio profesional que ellos prestan, para lo cual hacemos una nueva apuesta a una capacitación continuada, que les permita dar un servicio de excelencia”.
“El mercado asegurador argentino necesita refundarse sobre bases sólidas, que permitan un crecimiento real y sostenido de la actividad, reconociéndole un rol protagónico, por su estrecha relación con las áreas económicas, financieras y sociales. Además, no debe olvidarse su rol primordial en cuanto a la cobertura de los riesgos que afectan a las personas y a la actividad económica, permitiendo, bien la reparación integral o la adecuada protección familiar, bien la posibilidad de que, ante un evento dañoso, pueda continuarse con la producción industrial o comercial”.
“Es por ello que resulta necesario definir claramente los lineamientos de una política aseguradora estable, que no se vea afectada por los vaivenes ni por presiones políticas, que tienda al fortalecimiento del sector asegurador y a la adecuada protección de los asegurados, merced a la consolidación técnica, patrimonial y financiera de los operadores”.
“Siempre hemos apoyado la tarea de la Superintendencia de Seguros y seguiremos haciéndolo. Comprendemos que su labor es doblemente difícil en un mercado en crisis. Debe estar dotada de los mejores recursos humanos y materiales como para poder cumplir su función. Esperamos que pueda lograr la desaparición de la competencia insana que hemos descripto, lo que forma parte de su función fundamental, y que tanto bien hará a todo el sistema”.
Y, finalizó, “es nuestra vocación llegar a entendimientos profundos y duraderos con las otras asociaciones. Si la presencia de una sola representación de las empresas no es por ahora posible, ello no debe impedir que sea un objetivo siempre presente. Pero, en el interín, nada impide que formulemos y propiciemos políticas conjuntas, es decir, que el país nos vea actuar en una comunión ideológica lo más abarcativa posible”.

Gabriela Barbeito

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