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>> RIESGOS DEL TRABAJO

El Rol Garantista Del Estado y los Riesgos del Trabajo



La discusión acerca de la constitucionalidad de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo sigue vigente: se sostiene que perjudica al trabajador y es arbitraria. Carlos V. Castrillo , abogado y titular del Estudio Castrillo & Asociados, discrepa con esta opinión y sostiene que el trabajador habría logrado una conquista social nunca vista hasta el presente, que lo privilegiaría más allá del resto de los ciudadanos no trabajadores en situaciones similares. Lamentablemente, por un error de interpretación legal no muchos lo habrían logrado vislumbrar.


En 1995 el Estado sancionó la Ley N° 24.557, por la que se delegó en empresas privadas con fines de lucro, denominadas Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), la obligación de asesorar al resto de las empresas sobre prevención de accidentes y enfermedades laborales como así también prestar asistencia médica, medicamentos y prótesis cuando los trabajadores sufrieran contingencias en, o como consecuencia del trabajo y otorgar prestaciones dinerarias conforme a tarifas preestablecidas para finalmente ocuparse de la rehabilitación y recolocación de los trabajadores.
Las empresas debían afiliarse a las ART para quedar liberadas de toda responsabilidad por los accidentes y enfermedades que sufrieran sus trabajadores, salvo el supuesto de delito que autoriza al trabajador a reclamar por los perjuicios sufridos sin tope alguno como así también a la ART a recuperar los costos incurridos contra el autor del delito.
Si partimos de la premisa hoy compartida de que el Estado debe cumplir un rol garantista, sin que ello signifique ser intervencionista (tampoco debe estar ausente), el Estado tiene que cumplir un rol activo en la interpretación de las leyes, que permita la existencia de un Estado de Derecho. Consecuentemente, la Ley de Riesgos del Trabajo debe interpretarse conforme el Código Civil, los Tratados Internacionales y la Constitución Nacional.
El Estado de Derecho no sólo importa reconocer el derecho de propiedad de las empresas y de las personas, sino que incluye la defensa de la competencia, la defensa del consumidor, de la lealtad en el comercio, y en particular, refiriéndonos a la Ley N° 24.557, del derecho de seguridad en el trabajo. Este derecho está garantizado no sólo por una ley (Ley de Higiene y Seguridad) sino también por Tratados y Convenciones Internacionales. Sin embargo, no alcanza a comprenderse su existencia en relación con la citada ley, que también lo recepciona.
El tema no es menor, ya que el desconocimiento de este derecho por las empresas y/o las ART, tal como sucede en muchos casos en estos días, se encuadra en el supuesto de delito, que como mencionáramos al principio, permite accionar contra la empresa y la ART sin la existencia de ningún tope o límite.
Cada vez que una ART no asesore a una empresa o ésta no actúe conforme fue asesorada, estará cometiendo un delito, ya que privará al trabajador de su derecho de seguridad e higiene en el trabajo. De ocurrir un accidente como consecuencia de este incumplimiento, y de ser perjudicado el trabajador en su salud o integridad física, tendrá derecho a demandar a las empresas y/o a las ART por los perjuicios sufridos como consecuencia de ese accidente.
En cambio, si las empresas disminuyeran los riesgos en el ámbito de trabajo de acuerdo al asesoramiento de las ART, sería imposible accionar judicialmente por encima de los topes que pagan las ART, ya que no existiría delito y la vía alternativa para accionar estaría invalidada por la ley.
Esta preocupación y prevención de los riesgos disminuiría la ocurrencia de accidentes y enfermedades del trabajo, lo que ocasionaría menores prestaciones por parte de las ART y consecuentemente mayores beneficios económicos para ellas.
Teniendo en cuenta que todas las empresas tendrían que reducir los riesgos para quedar a salvaguarda de las demandas sin tope, no se afectarían las condiciones de competencia entre ellas. Por otro lado, al disminuir los accidentes mejoraría el ambiente de trabajo y se ahorraría gran cantidad de horas que hoy se pierden, con la consiguiente disminución de los costos indirectos para las empresas.
También el trabajo en negro tendría que disminuir, ya que para cumplir con la prevención en higiene y seguridad, y por la complejidad del tema, es imprescindible el asesoramiento de una ART, lo que sólo se consigue respecto de trabajadores denunciados.
Como vemos, un Estado que cumpla con su rol garantista del Estado de Derecho lograría que la ley sea correctamente interpretada, todo ello en beneficio no sólo del trabajador, sino de la empresa y la ART.

 
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