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>> SEGURIDAD SOCIAL

Alfredo Conte Grand, Secretario de Seguridad Social Congreso Internacional de Seguridad Social



Durante los días 25, 26 y 27 de junio se llevó a cabo el Congreso Internacional de Seguridad Social organizado por la Universidad Católica Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y auspiciado por Nación AFJP, entre otras tantas administradoras e importantes instituciones de calificada trayectoria académica. Bajo la denominación “Hacia una Seguridad Social Integrada, su Prospectiva”, asistieron, como miembros activos, autoridades gubernamentales y gestores de la seguridad social, nacional e internacional.


El congreso propició un ámbito de reflexión y comprensión sobre la problemática que plantea la seguridad social en nuestro país, en la región y en el seno del Consejo de Europa y la Comunidad Europea.
Los expertos coincidieron en señalar que para establecer un modelo de seguridad social no hay un solo camino. Cada esquema debe adecuarse a la realidad del país que se trate. A su vez, destacaron que el Estado debe tener una participación proactiva en su diseño.
El punto de partida para analizar la problemática latinoamericana estuvo basado en algunos datos proporcionados por organismos tales como la CEPAL (Centro de Estudios para América Latina). Sobre cómo impactó la crisis económica en nuestro país, se tuvieron en cuenta los siguientes guarismos:
El desempleo aglomerado urbano (al 31/10/02) 17,8%
Sin cobertura de salud - áreas urbanas (según censo 1991):
Total población 36,9%
Mayores de 65 años10,0%
Cobertura SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones):
Aportantes/afiliados (mayo 2002) 39,4%
Aportantes/ocupados (mayo 2002) 44,1%

A la vista de estos porcentajes el Dr. Alfredo Conte Grand aseguró que “el Régimen Previsional necesita ser reformado”. (Cabe consignar que el actual proviene de una reforma del año ‘94).
Por eso se tomó la decisión de crear una comisión de expertos, durante el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde. Esta recopilación nacional e internacional se publicó en el “Libro Blanco”, donde se dejó asentada la necesidad de la reforma y se apuntó a algunas premisas que la comisión consideró como únicas y básicas:
- Lograr un diseño que extienda la cobertura a todos los ciudadanos, como dice la Carta Magna, con el mayor de los consensos posibles.
- Imprimir a los temas de la Seguridad Social una mayor prioridad política.
Conte Grand sostuvo que es prioritario acabar con el “manoseo”: “Si este régimen no hubiera sufrido ataques y medidas que, en muchos casos, eran enfocadas a solucionar solamente problemáticas económicas sin pensar en los efectos sobre la gente, hubiera sido diferente. Esto no tiene otro secreto que respetar las leyes y reglas de juego”.

“La Seguridad Social en Momentos de Crisis”

Por su parte, Adolfo Jiménez Fernández, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en su conferencia, se refirió al problema de cobertura que van a padecer todos los países, especialmente los de la Comunidad Iberoamericana. Aportó un panorama económico y social de Latinoamérica; recordó las características principales de un sistema de protección moderno; se preguntó cómo impacta la crisis económica ya que las sociedades soportan menos recursos económicos y mayor demanda de prestaciones. Además, hizo referencia a una experiencia de gestión en un escenario de crisis, como fue el caso de España a principios de 1980.
El experto reconoció que “en la comunidad iberoamericana hay un porcentaje mayoritario de la población que no tiene protección” y señaló otro problema fundamental: la demografía. “En países como Argentina y Uruguay, es posible que se plantee el aumento de la denominada cuarta edad, por el incremento de esperanza de vida.
Por ello, una de las preguntas primordiales es acerca de la necesidad de crear en la Seguridad Social la cobertura frente a la dependencia, la incapacidad y el envejecimiento. Además, es prioritario tener presente que cualquier régimen debe dar una respuesta integral a todos los niveles sociales”.
Según el disertante, las principales características de un Sistema de Seguridad Social son: la obligatoriedad; la globalidad, ya que se exige una respuesta integral a los riesgos; equidad de los sistemas, es decir, que no se observen privilegios; solidaridad y universalidad -es un derecho de todos los ciudadanos.
En cuanto a la responsabilidad del Estado reconoce: 1) Diseño e implantación; 2) Control del Sistema; 3) Tutela e inspección; 4) Eficacia y eficiencia (viabilidad).
Cabe recordar que las características de los sistemas en el mundo han evolucionado pasando de los Seguros Sociales con orientación laboralista, al modelo anglosajón (orientación universalista) hasta llegar, posteriormente, a las configuraciones mixtas (típicas de países europeos). En cuanto a la cobertura que plantea, puede ser:
a) Contributiva: Función de Sustitución de rentas.
b) No contributiva: Rentas de compensación.
c) Protección complementaria: Aportes voluntarios, donde el Estado sólo actúa como regulador.
Jiménez Fernández analizó también qué sucede en los sistemas de jubilaciones durante las épocas de crisis: un incremento de la demanda de cobertura y limitación de recursos.
Finalmente, enumeró las líneas de gestión en momentos de crisis, sintetizándolas en seis:
- Corregir situaciones de privilegio.
- Evitar el fraude.
- Racionalizar la financiación.
- Modernizar la gestión.
- Mejorar la intensidad y cobertura de protección (mayor cohesión social).
- Acuerdo social y político sobre el futuro del sistema.

“La Integración de los Sistemas de Seguridad Social en los Bloques Regionales. MERCOSUR”

En este panel, Helmut Schwarzer, secretario de Previdência Social do Ministerio da Previdência Social de la República Federativa de Brasil, se refirió a la situación de su país en los siguientes términos:
“Los porcentajes de personas cubiertas que están dentro del sistema previsional representan, en Brasil, un 42,30 % de la población. Son 40,7 millones de brasileños los que actualmente están fuera de ese sistema, un 57,7% del total de la población ocupada, algo similar a lo que ocurre en la Argentina”.
A su vez, destacó la importancia y las características de los convenios internacionales firmados por ese país, los cuales contemplan pensiones (vejez, invalidez y sobrevivencia), son bilaterales, no modifican la legislación interna, permiten pensionarse en ambos Estados, son voluntarios; poseen cobertura de salud para pensionados del país con el que se realizó el convenio -por ejemplo con Chile, evitan la doble obligación-; se totalizan los períodos; se exportan las pensiones; se simplifican los trámites administrativos y exámenes médicos; se otorga el derecho a pensionarse en ambos Estados, asimilando la calidad de pensionado y la opción de pensionarse de forma anticipada.

Resumen de lo Expuesto en el Congreso acerca de la Seguridad Social en Europa

¿Cuál es el papel del MERCOSUR en la Seguridad Social y viceversa? Algunas preguntas que se plantean en relación a este tema tienen que ver con la similitud entre los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros de la Comunidad Europea y los del MERCOSUR; si muestran las mismas tendencias en su desarrollo; cuál ha sido el rol del Consejo de Europa y de la Unión Europea en relación con la Seguridad Social dentro de Europa y cuál será el futuro de de esta región en esta materia.
No existe una definición europea de la Seguridad Social común para todos los países, lo cual nos permite arribar a dos conclusiones:
- Para comparar los sistemas de seguridad social, debemos analizar similares disposiciones.
- Cuando hablamos de seguridad social, seguro social y asistencia social debemos definir qué entendemos por estos conceptos.
En orden a esta necesidad, se entiende por seguridad social el cuerpo de disposiciones imaginado en la eventualidad de ciertos riesgos sociales, la solidaridad con que la gente enfrenta (una amenaza de) una pérdida de ingresos de los salarios o ciertos costos; por seguro social, que ante la ocurrencia de una contingencia el titular tiene un derecho subjetivo al beneficio sin ningún tipo de evaluación; y por asistencia social a la prestación que se proporciona al beneficiario irrestrictamente, sin considerar si él o ella lo necesitan. Desde hace unas décadas los límites entre la seguridad social y la asistencia social son menos marcados.
En los países europeos la principal distinción es sobre la modalidad con la que operan los sistemas: con cobertura universal o base profesional. Los primeros cubren a la totalidad de la población, sin importar si la gente este trabajando o no pero sí residiendo en el país. Cuando la cobertura es universal con proyectos organizados sobre bases profesionales incluyen a personas que trabajan o tienen algún tipo de ingreso, trabajadores autónomos o empleados públicos o que pertenecen a un mismo sector de la industria o a una profesión, para ellos o para los que dependen de ellos para vivir (hijos, esposa, etc., es decir, los llamados dependientes).
En nuestros días, muchos países tienen una mezcla de planes universales y planes profesionales.
Con respecto a su administración, algunos países tienen un tratamiento altamente centralizado. Desde un punto de vista territorial y funcional, la organización es responsable de la recaudación y del pago de los beneficios.
En otros lugares hay más descentralización funcional, que aunada a la descentralización territorial, da un cuadro muy complejo, con muchas instituciones de seguridad social en un país; Grecia es un ejemplo de ello.
En cuanto a su naturaleza, se puede hablar de: 1) instituciones de derecho público, actuando bajo la responsabilidad delegada por el gobierno; 2) mixta: las instituciones tienen su personería jurídica, su propia financiación y su propio directorio, y no es raro que estén supervisadas por las autoridades políticas y parcialmente (o a veces totalmente) por organizaciones de empleados y las organizaciones sindicales.
Aun la manera en que las personas pueden demandar por incumplimiento del sistema es muy diferente. En algunos países, los casos son resueltos por la administración y la justicia interviene excepcionalmente. En otros, los defensores del pueblo juegan un importante papel. También difieren las contingencias definidas y cubiertas.
Cuando miramos la edad de la pensión por vejez podemos, básicamente, distinguir tres posturas:
1) Cuando él/ella alcanza la edad de los 65 años.
2) Pensión por jubilación o retiro.
3) Pensión por antigüedad, a la que se accede habiendo trabajado cierta cantidad de años (en principio, desestimando la edad de la persona afectada).
Algunos países prevén el retiro parcial. En otros, la pensión al supérstite cubre a la viuda/viudo y a los huérfanos, aunque estos últimos no están comprendidos en la pensión por sobrevivencia pero sí protegidos por los planes de asignaciones familiares. Por último, sabemos que algunos países tienden a reemplazar las pensiones existentes a la viuda/viudo (pagada de por vida o hasta que se alcance el derecho a una pensión por vejez) por un beneficio transitorio. Este es el caso de Dinamarca y Noruega, en donde la idea de una sociedad emancipada, donde hombres y mujeres comparten el mismo trabajo dentro y fuera del hogar, hace que tenga poco sentido mantener de por vida a un joven no trabajador, o esposo sobreviviente.
En cuanto a los beneficios por incapacidad laboral debido a enfermedad por períodos cortos, en algunos países el empleador tiene la carga de pagar la enfermedad por unos pocos días o semanas, mientras que en otros puede extenderse por varios meses.
Las pensiones por invalidez están concebidas de dos modos diferentes. En algunos lugares los planes coinciden con un retiro anticipado o plan de retiro anticipado por edad avanzada, mientras que en otros, el plan de pensión por invalidez es un beneficio por enfermedad.
En el primer caso, el nivel de pensión estará dado por el período trabajado o las contribuciones aportadas. En el segundo, el nivel del beneficio será igual para quien haya trabajado un año de los diez precedentes a la invalidez como para quien lo haya hecho siempre.
Muchos países europeos dan un “tratamiento privilegiado” a las víctimas de los accidentes y enfermedades profesionales y a sus sobrevivientes: altos beneficios por enfermedad o invalidez, condiciones más favorables para obtener esos beneficios, mejor cobertura para las contingencias de salud, etc.
En los países bajos no hay un tratamiento especial para las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero todo trabajador incapacitado está recibiendo los mismos beneficios que satisfacen los estándares mínimos dispuestos por el Consejo de Europa para la cobertura de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Sistemas de Salud en el Viejo Continente

Con respecto al cuidado de la salud, en el Reino Unido, el estatal Sistema Nacional de Salud provee a todos los residentes el acceso a los tratamientos médicos, aunque en realidad uno debe esperar turno por cierto tiempo. Los médicos son empleados del Sistema Nacional de Salud y perciben un salario por mes. En algunos países continentales de Europa, son profesionales independientes, y a los pacientes se les reintegra el aporte abonado a los prestadores, en parte, o en forma completa.
Dentro de estos extremos existen prácticas generales pagadas por sistema de capita por pacientes registrados y seguros de salud en el que los acuerdos de honorarios se hacen directamente con los médicos y la elección del prestador es libre. También la cobertura puede diferir -la dental es un buen ejemplo.
Los esquemas de beneficios familiares también son múltiples. Algunos países otorgan beneficios especiales para todos los niños, en otros sólo para los niños de familias pobres y en algunos no hay qué calificar. Si se incluyen las deducciones impositivas relativas al niño y a la familia, la diversidad de tratamientos es aún mayor.
Los actuales estados miembros de la Unión Europea, tienen ahora un esquema de asistencia social universal, que cubre las necesidades, cualquiera fuere la razón de su falta de medios para vivir una vida digna.
Todavía estos esquemas universales pueden tener grandes diferencias en lo que concierne a la relación entre la asistencia social universal y lo necesario para estar por sobre la línea de pobreza.
Más aún, muchos países tienen toda clase de los llamados esquemas de asistencia social categóricos, destinados a distintos grupos de necesitados, como padres solos, impedidos, mayores, etc. Aquí existe una amplia diversidad de identificación de estos grupos, muy a menudo determinada por las raíces históricas en el combate contra la pobreza.
En Alemania y Holanda, por ejemplo, las aseguradoras (de fondos de enfermedad) han perdido su posición monopólica y están ahora compitiendo entre ellas para conseguir asociados. En Irlanda, el sistema complementario de salud no es monopolio de una agencia estatal, están permitidas las aseguradoras privadas para ofrecer también sus productos; sin embargo, hasta ahora, sólo un asegurador privado parece mostrarse interesado.
En Flandes (la parte norte de Bélgica), el nuevo seguro de salud será administrado por fondos públicos y fondos de salud, ambos conformados por fondos de enfermedad y por compañías de seguro privadas.

Las Tendencias en los Sistemas de Seguridad Social

Los estados europeos parecen haber prestado especial atención a la lucha contra el fraude y al perfeccionamiento de los procedimientos de control.
Ello ha dado como resultado el requerimiento de más información a los interesados, la mejora de los procedimientos para evaluar incapacidades, la mayor fiabilidad de la información y/o incluso campañas para denunciar a los ciudadanos que defraudan.
También se espera que mejore el funcionamiento de la gestión de la seguridad social mediante la potenciación de los sistemas informáticos. Con la introducción de tarjetas sanitarias inteligentes se pretende no sólo reducir el papeleo, sino también luchar contra el fraude.
El papel de los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, en la gestión no ha cambiado de forma sustancial en los últimos años. Lo mismo cabe decir respecto de las organizaciones no gubernamentales y de los empleadores.
Sin embargo, se pueden mencionar excepciones. En Holanda, puede apreciarse un traspaso importante de responsabilidades (de gestión y financieras) desde las instituciones de la Seguridad Social a los empleadores, especialmente en lo que se refiere a las prestaciones por incapacidad en el trabajo.
En Italia, los representantes de las organizaciones de empleadores y de los sindicatos perdieron sus asientos en el cuerpo de la principal institución de la Seguridad Social.
Asimismo, otro cambio importante que hay que resaltar figura en un informe sobre Dinamarca. Allí consta que se ha pedido a los empresarios y sindicatos, a nivel nacional, pero principalmente a nivel local, que den a conocer sus acuerdos y su corresponsabilidad en la protección social y en el empleo.
La protección del autónomo y su aproximación a la seguridad social es otra de las preocupaciones observadas en diferentes países.
Asimismo, resulta llamativo que la combinación de lo público y lo privado en Seguridad Social no ha cambiado en Europa, de forma trascendente, en ningún Estado.
Aunque durante dos décadas se ha estado escribiendo sobre la “privatización” de la seguridad social, no parece que se haya producido un cambio de responsabilidades entre el Estado, los empleadores, y las compañías aseguradoras. Con todo, se han observado ciertas tendencias afines a la “privatización” en algunos Estados.
Por otra parte, se está fomentando el establecimiento de mecanismos de protección complementaria, especialmente en el ámbito de las pensiones y en la salud. Esta cobertura adicional puede prestarse por instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo las mutualidades, o por compañías con fines de lucro y fondos de pensiones.
Este estímulo se lleva a cabo a través de la creación de un régimen legal apropiado, de incentivos en la imposición o de la limitación en el nivel (máximo) de protección de los sistemas obligatorios estatales.
En el Reino Unido, el incentivo a las pensiones privadas ha sido secundado por el fortalecimiento de las medidas de control de los fondos de pensión con el fin de evitar una mala administración y los consiguientes problemas económicos para los pensionados actuales y futuros.
En lo concerniente a la financiación, existe una tendencia general a no incrementar la cotización empresarial, al punto tal que en algunos países se ha reducido. Este beneficio, en ocasiones, está vinculado a aquellos empleadores que contraten personas con dificultades para encontrar empleo o a la creación de nuevos puestos de trabajo. La disminución de la contribución empresaria se compensa, a veces, con el aumento del aporte del trabajador.
En algunos países se tiende a la universalización de las prestaciones financiándose con impuestos. En otros, se ha hecho un esfuerzo para ampliar el círculo de proveedores de fondos de la seguridad social, siendo los pensionados el principal objetivo.
Sin embargo, es de hacer notar que países que tradicionalmente financiaban su seguridad social con un gran número de impuestos, como Dinamarca y Suecia, han introducido recientemente un aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados y empleadores.
En ciertos lugares la búsqueda de fuentes alternativas de financiación ocupa un lugar prioritario. Por ejemplo, se destina para esto una parte del IVA o de ciertos impuestos especiales que gravan distintos bienes como el alcohol, la gasolina, el tabaco o el volumen de ventas de las empresas farmacéuticas. También se introdujeron contribuciones/impuestos especiales a la propiedad y a los ingresos de capital.
Existen muy pocos casos de sustitución de sistemas de reparto por el sistema de capitalización; éste es el caso en Noruega, tímidamente en Suecia y, en el futuro, Alemania.
En determinados modelos la mejora de la situación financiera de la seguridad social se vincula a una mejor administración de los recursos, y/o a la reducción de la deuda pública o la constitución de reservas.
Respecto de las coberturas, estaba expresamente establecido, en muchos sistemas, que la seguridad social debería primero prevenir la ocurrencia de una contingencia o riesgo social (desempleo, incapacidad de trabajar), para después de ello tratar de restablecer el estatus anterior (por ejemplo, encontrar trabajo, capacitar para el trabajo) y solamente como último resorte apelar al pago de beneficios para compensar el riesgo social. Actualmente, la Unión Europea está aconsejando a sus miembros reformar la seguridad social en esta dirección.
El tratamiento proactivo resultó en el área de las pensiones en una reducción en las posibilidades de retiro anticipado, aumentando la edad de pensión y los requerimientos para obtenerla.
Para los supervivientes es más esperable reintegrarse al mercado laboral o al menos que traten de hacerlo. Lo mismo ocurre con las incapacidades, haciendo sobre ellas un control más estricto.
Para un desempleado receptor de un beneficio era mejor esperar que retornar a un trabajo. El beneficio del entrenamiento fue introducido en algunos países, lo cual era más ventajoso que un beneficio por desempleo.
Medidas activas especiales fueron desarrolladas especialmente para la gente joven buscando su primer trabajo, para los desempleados por largos períodos, mujeres que desean reintegrarse al mercado laboral y parcialmente para la gente incapacitada.
Otro ejemplo viene de Gran Bretaña: el “Nuevo trato para los padres solos” británico es un paquete de búsqueda de empleo, cuidado de niños, entrenamiento y consejos, reemplazando el esquema del beneficio para padres solos.
Las personas desempleadas fueron alentadas a tomar empleos por períodos cortos o por tiempo parcial o, incluso, a ocuparse en tareas autónomas.
Todas estas medidas están combinadas con iniciativas para promover la oferta de trabajo, especialmente de aquellos que exigen poca preparación o insumen bajos salarios, entrenamiento, etc.; y aportan a la reducción de las contribuciones para los empleadores que crean esos trabajos, pero también de gastos para las autoridades públicas, especialmente las locales, que otorgan asignaciones especiales para la creación de empleo.
La respuesta más habitual ante circunstancias económicas difíciles, en el ámbito de las prestaciones en general, ha sido, sin duda, beneficiar a los grupos más necesitados.
Es preciso reiterar que un cierto número de países ha considerado muy importante la implementación del principio de igualdad del trato del hombre y la mujer en la seguridad social y, especialmente, en pensiones. Sin embargo, la materialización de principios como la igualdad de trato de las parejas de hecho y las casadas, o la individualización de las prestaciones, no están teniendo éxito, excepto en el caso de Holanda.

El PBI y los Sistemas de Seguridad Social

Finalmente, cabe destacar que los países de la Unión Europea gastan normalmente entre el 20 y 36% de su Producto Bruto Interno en el grueso de los gastos sociales, mientras que EE.UU. y Japón sólo invierten en este rubro el 15%.
En términos netos estas figuras son bajas en relación con la parte que retorna a través de impuestos directos, indirectos y contribuciones sociales. Cuando los impuestos al gasto y al consumo privado en las mismas contingencias sociales son adicionados, el cuadro cambia aún más. A excepción de Japón, gastan por lo menos la cuarta parte de su PBI en gastos sociales.
De aquí que los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos erogan más o menos la misma proporción del Producto Bruto Interno para proporcionar varios servicios sociales y beneficios, la diferencia es que en los Estados Unidos está financiado más a través de esquemas obligatorios y estatutarios. Haciendo esto, los países pueden superar los mecanismos de selección adversos y ser capaces de producir un mayor efecto en la reducción de la pobreza.

Cronograma del Encuentro

El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Ernesto Parselis, vicerrector de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del Dr. Gabriel F. Limodio, secretario académico de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
El Dr. Alfredo Conte Grand, secretario de Seguridad Social, dio las palabras de bienvenida junto al Dr. Mariano A. S. De los Heros, presidente del Comité Organizador del Congreso.
Un sinnúmero de expertos analizaron minuciosamente la realidad de los sistemas de seguridad en el país, la región latinoamericana y el mundo. Pueden destacarse la presencia del Dr. Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); Dr. Mariano de los Heros, ex gerente de la ANSeS y de Nación AFJP S.A.; Dr. Claudio O. Moroni, Superintendente de Seguros de la Nación; Dra. Alejandra Torres, consultora del Banco Mundial; Dr. Ludovico Videla, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA; Dr. Aldo Abram, economista, socio de Exante Consultora; Dr. Juan Carlos Paulucci, asesor de la Presidencia de OSPRERA; Dr. Santiago de Estrada, diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dr. Walter Arrighi, director nacional de Políticas de Seguridad Social; el Dr. Hugo Germano, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Dr. Héctor Sainz, secretario general de la coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales; Dr. Héctor R. Pérez Catella, presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Dr. Alberto Molinario, socio del Estudio Marval, O’Farrel & Mairal; Dr. Hugo Cifuentes Lillo, ex superintendente de Seguridad social de la República de Chile; Dr. Horacio Payá, gerente de Asuntos Legales y control Interno del Grupo Consolidar; Dr. Héctor O. Verón, superintendente de Riesgos del Trabajo; Lic. Mara Bettiol, gerente general de la UART; Dr. Rubén Delfino, gerente de Seguimiento de Programas de la SRT.
También tuvo lugar una teleconferencia sobre “La integración de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea” a cargo de Dany Pieters, secretario general del Instituto Europeo de Seguridad Social. El panel sobre el tema de referencia estuvo conformado por los Dres. Walter Schultess, consultor del BID, Banco Mundial, OEA y CEPAL y Jorge Felippone, consultor especializado en Seguridad Social y vicepresidente de la Fundación Argentina de Investigaciones de la Seguridad Social (FAISS).
Disertaron, además, el Sr. Sergio T. Massa, director ejecutivo de ANSeS; Dr. Rubén H. Torres, superintendente de Servicios de Salud, Lic. Carlos Pastoriza, director de Inteligencia Fiscal de la AFIP; Dr. Pedro Taddei, Gerente del Area de Operaciones del Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social (INARSS); el Dr. Ricardo Arriazu, asesor económico-financiero y profesor titular de carreras de grado y postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA; el Dr. Ricardo Sarinelli, director de Orígenes AFJP S.A.; el Lic. Osvaldo Giordano, Secretario de Ingresos Públicos del ministerio de la Producción y Finanzas de la Provincia de Córdoba; el Dr. Enrique Folcini, consultor económico; el Dr. Daniel Pérez, gerente de normatización del INARSS; Dr. Ricardo Foglia, abogado del Estudio Rossi, Camilion & Asociados; Dr. Gonzalo Dabini, asesor del Estudio Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera & Asociados; Dr. Néstor Fasciolo, Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social; Dr. Carlos Facal, socio del Estudio Baeza & Asociados; y el Dr. Carlos Rodríguez, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y representante de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Entre las conclusiones se escuchó la ponencia del Dr. Gustavo Sosa Rostán, coordinador de la Sección de Seguridad Social de la UCA y asesor de la OISS en el Area Andina.
El resumen final sobre Riesgos del Trabajo estuvo a cargo del Dr. Federico Guntin, secretario administrativo de la Sección de Seguridad Social de la UCA.
En el acto de cierre se hizo presente el Dr. Ginés Gonzáles García, ministro de Salud y el Dr. Alfredo Conte Grand, secretario de Seguridad Social.
Finalmente, las palabras de despedida estuvieron a cargo de la Dra. Estela M. De Minutella, directora de la Sección de Seguridad Social de la UCA, y del Dr. Eduardo P. M. Ventura, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA.


 
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