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La crisis en la eurozona iniciada principalmente en Grecia y España demuestra una vez más que no se puede vivir con déficit fiscal y desbordante nivel de deuda pública. La explosión de la crisis financiera del 2008 tuvo su mayor impacto en los países que mantuvieron un elevado nivel de gasto sin reflejar estadísticamente la realidad cuando ya había gran desempleo, caída del PBI y serios problemas financieros, provocados en buena medida por los enormes beneficios jubilatorios y de asistencia médica prometidos a la población que ya no pueden ser financiados con recursos específicos. La subsiguiente pérdida de confianza se extendió a otros países de Europa, que el mundo (ahora desconcertado y dudoso sobre el futuro económico del Viejo Continente) veía como una unidad económica regida por una moneda “fuerte” como el euro. Para evitar el colapso del euro y males mayores la Unión Europea decidió rescatar a Grecia, el país más afectado, y crear una red de seguridad masiva para sus otros miembros vulnerables -España, Portugal, Italia, Irlanda, Hungría e Islandia principalmente. En efecto, los Ministros de Finanzas de la zona del euro dieron su aprobación final a un paquete de 440.000 millones de euros y crearon una entidad especial que extenderá préstamos de emergencia apuntando a las calificaciones de crédito más altas. Ello constituye un evento trascendental, aunque el éxito no esté garantizado. El FMI, que también participará activamente en el paquete de rescate, hizo un llamado para que la región sanee su sector financiero y vaya más allá de las actuales propuestas de gestión conjunta de los presupuestos nacionales. En este sentido, ya varios países (España, Portugal y Alemania, entre otros) anunciaron planes de ajuste que algunos consideran muy duros y se está estudiando la emisión comunitaria de bonos.
¿Cómo afecta esta nueva fase de medidas críticas adoptadas en la UE a la economía de los países emergentes y principalmente a Latinoamérica? Indudablemente el proceso de saneamiento financiero puede poner en peligro la incipiente recuperación de las economías de la región y provocar un nuevo ciclo de estancamiento, aunque evitaría el riesgo de entrar en una crisis sistémica. Si bien la mayoría de los países emergentes no fueron muy afectados por la crisis financiera del 2008, la que ahora amenaza la eurozona puede reducir sus expectativas de crecimiento que en promedio se estiman en 5% para el 2010. Las políticas de austeridad europeas pueden disminuir el flujo de sus importaciones e incrementar las exportaciones debido al aumento de su competitividad generado por la caída del euro. Esta situación se vería más agravada en los países emergentes donde los índices de inflación superan la apreciación del dólar afectando la balanza comercial de los países exportadores de “commodities”, impactando en sus presupuestos y estimaciones de crecimiento. También se observaría una reducción del flujo de capitales de Europa a Latinoamérica por las necesidades financieras de la Comunidad Europea. Por ello, el rescate europeo podría considerarse en principio una buena noticia para nuestra región.
En este mes de junio el mundo comenzará a vivir las alternativas de la Copa Mundial de Fútbol 2010 que, como es habitual, genera importantes necesidades de aseguramiento de los riesgos que el torneo plantea. Según expertos en el mercado de Londres, las sumas aseguradas para el evento en sí, los seleccionados nacionales, las cadenas radiales y de televisión y los anunciantes superarán los 6.200 millones de libras esterlinas (casi USD 9.000 millones). Según el Comité Organizador de FIFA, el valor total de los diez estadios y lugares de entrenamiento alcanza 3.200 millones de libras esterlinas (USD 4.600 millones). Otros 3.000 millones de libras (USD 4.300 millones) corresponden a emprendimientos comerciales vinculados con el torneo, tales como competencias, ofrecimientos, premios, patrocinios, derechos de transmisión, etc. Pero, ¿por cuánto se asegura a un futbolista de máximo nivel? Según la aseguradora británica Beazley podría estar asegurado por hasta 50 millones de libras (USD 72 millones): el 80% de esta suma corresponde a muerte o invalidez permanente por accidente y su “marca” vale el resto. De modo que aseguradores y reaseguradores verán los partidos con dos grandes expectativas: que gane el seleccionado de su país y que no haya siniestros.
En el ámbito local, el mes pasado fue escenario de los actos del Bicentenario en conmemoración de los 200 años de la Revolución del 25 de mayo de 1810. Entre el 21 y el 25 de mayo millones de personas se movilizaron por las calles para participar de los festejos organizados que tuvieron como hechos destacables la visita de siete presidentes latinoamericanos, presentaciones artísticas, el desfile histórico-militar, la reinauguración del Teatro Colón, más múltiples actos y festejos. Lamentablemente una fiesta de todos los argentinos sirvió, una vez más, para evidenciar el nivel de conflicto existente entre el oficialismo y la oposición, aun en una celebración que se produce una vez cada 100 años.
En esta edición se analizan los Seguros de Riesgos del Trabajo y las repercusiones de las últimas modificaciones introducidas en la Ley. El Decreto Nº 1.694/09 generó importantes aumentos en las indemnizaciones sin que sea factible aún determinar si producirá una efectiva reducción de la litigiosidad que en los últimos años mostró una tendencia alcista preocupante. En los 3 primeros meses del 2010 se acumularon 9.848 juicios. La proyección para los 12 meses a partir de esa base asciende a 61.746 demandas, 50% más que las del 2009, mientras que desde enero de 2002 hasta marzo de 2010 se iniciaron 125.000 demandas. Estos números indicarían que en 2010 se presentarán 78,2 demandas cada 10.000 trabajadores, mientras que en el 2009 y 2008 las relaciones fueron de 53 y 35,3 respectivamente. Si bien la idea de las autoridades fue que el considerable aumento del monto de los resarcimientos bajaría el nivel de demandas judiciales, al menos en los casos que no se fundamentaban en los artículos objetados por la Corte Suprema de la Nación, aún es prematuro anticipar si esto realmente ocurrirá. El aumento de los topes indemnizatorios provocó ajustes en las alícuotas que aplican las ART, los cuales no fueron uniformes, pues se basaron en la historia siniestral de cada actividad y riesgo en particular. La alícuota promedio pasó de 2,3% a 2,8% de la masa salarial y en el 97% de los casos el ajuste no superó el 50%. Aún deben definirse con claridad temas pendientes para arribar a una buena reforma: determinar las contingencias comprendidas -accidentes y enfermedades-; dotar al sistema de un procedimiento previo administrativo obligatorio; especificar una eficiente articulación entre la reparación especial y la fundada en el derecho común y establecer los límites de responsabilidad con mayor precisión para cada una de las partes involucradas. Más allá de esta coyuntura, el sistema continúa funcionando con normalidad.
Los Seguros Agrícolas constituyen otro de los temas centrales de esta edición. Hoy, de acuerdo a información oficial, el 50% de las casi 37 millones de hectáreas sembradas en Argentina tiene seguro, pero el objetivo es llegar a un 80%, de modo de lograr que el productor esté adecuadamente protegido ante la variabilidad climática. Los aseguradores señalan que la producción de primas del ramo Granizo creció durante los últimos cinco años, lo cual fue acompañado por el desarrollo de coberturas para responder a las distintas contingencias climáticas. No obstante, hay que mencionar que este crecimiento sectorial requiere de un marco regulatorio a nivel gubernamental que coopere en la construcción de un sistema de asegurabilidad que sustente el negocio del campo. En cuanto a las coberturas de rendimiento (Multirriesgo Climático), la carencia de subsidio a las primas -que sí se aplica en otros países- dificulta su desarrollo; actualmente no alcanzan el 5% del total de las primas facturadas. Uno de los entrevistados advirtió que Argentina parece estar a punto de perder su liderazgo actual en Seguros Agrícolas en Latinoamérica. Su mercado absolutamente privado es una excepción en la región. Los demás gobiernos latinoamericanos están aprendiendo a trabajar mancomunadamente con el sector privado. Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura se están desarrollando y extendiendo los sistemas de evaluación de riesgos y monitoreo agroclimático, ampliando los mapas de estrés y excesos hídricos a nuevas zonas y regiones, y consensuando un proyecto de Ley de Seguros Agropecuarios entre la Nación, las provincias y las asociaciones de productores.
Completan esta edición una amplia variedad de notas, artículos y estadísticas que permitirán evaluar la situación del mercado de seguros, además de nuestras habituales secciones de noticias nacionales, latinoamericanas e internacionales, indicadores económicos y el suplemento de legislación.
Hasta la próxima edición.

 
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