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El Fraude al Sistema de Riesgos del Trabajo



Marta Ciancaglini, Guillermo Bolado y Nicolás Cintran, socios del estudio Bolado - Cintran - Ciancaglini, Abogados, junto a Marco Fabiano, asociado de la Jurisdicción Córdoba del mismo Estudio, presentan un artículo de suma actualidad sobre la problemática del fraude al Sistema de Riesgos del Trabajo en la provincia de Córdoba. Además, proponen algunas soluciones prácticas para dicho flagelo.


Una versión del fraude al seguro y en particular al Sistema de Riesgos del Trabajo lo constituye lo acontecido durante los años 2007 a 2010 en la jurisdicción de la provincia de Córdoba, en lo referido al incremento de denuncias de siniestros por enfermedades profesionales y el posterior inicio de acciones judiciales, destinadas a obtener las prestaciones económicas de la Ley Nº 24.557, o en algunos casos, la ampliación a situaciones sin cobertura.
Del análisis por jurisdicción, los datos del año 2010 presentan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la de mayor cantidad de casos iniciados (con un crecimiento anual del 68% y una participación del 27,6% del total de casos), superando a la provincia de Córdoba que quiebra su tendencia ascendente (una caída del -4% y un 20,5% de participación). Luego se ubica la provincia de Buenos Aires (con un crecimiento del 33% y una participación del 17%).
Desde una perspectiva más cualitativa, si se analiza la cantidad de juicios iniciados en relación con la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema en cada provincia, se observa una gran disparidad.
La provincia de Córdoba con una tasa de 218 juicios esperados por cada 10.000 trabajadores cubiertos para el año 2010 continúa al tope del ranking por provincia. Luego se ubica la provincia de Santa Fe con 202. En tercer lugar, la provincia de Mendoza (118) que hace un año había alcanzado el tope del ranking. La estimación promedio para todo el país es 69 mientras que para el resto del país (excluyendo a las seis mayores jurisdicciones) alcanza 32.
Planteado el fenómeno, no podremos encarar un análisis sin formularnos los siguientes interrogantes: ¿por qué ocurre esto en la jurisdicción Córdoba y no sucede de la misma manera en el resto de las jurisdicciones?; ¿cuál es la incidencia del fraude en estos litigios?; ¿cómo se hizo y qué consecuencia tuvo?; ¿cómo se soluciona?
El primer interrogante no puede ser evacuado enumerando factores que, con carácter exclusivo, se presenten en la jurisdicción y no aparezcan en otras; es así que la primer y lógica afirmación es que no pueden identificarse características plenas de corte social, económico o cultural, que influyan de forma tal como para que en Córdoba poco más de 291 trabajadores por cada 10.000 cubiertos inicien un juicio, mientras que en el resto del país esa cifra sea de 78.
Sí podemos citar características que, sin ser exclusivas, explican por aproximación el fenómeno. Veámoslas.
1) Para empezar diremos que un buen número de trabajadores inicia más de un juicio, muchos de ellos tres y hasta cuatro. Por ejemplo, un conductor de ómnibus reclama en un juicio las dolencias profesionales de los tramos de columna cervical y lumbar, en otro la hipoacusia, luego las dolencias en articulaciones inferiores (tendinitis subcuadricipital) y en otro las de los miembros superiores y hombros (túnel carpiano y hombro doloroso). Esta práctica, llevada a cabo desde la industria, tiene por finalidad parcializar la reparación aumentando la suma final a percibir y es permitida sin mayor resistencia por la ley procesal laboral de la jurisdicción . El costo de esta operatoria es altísimo, pues las ART tienen que contratar defensa letrada en cada pleito, realizar las reservas de Ley y pagar las costas del proceso, aunque ganare el pleito. Todo un derroche de recursos.
2) Otro aspecto distintivo se relaciona a los efectos de la incomparecencia del actor a la audiencia que la Ley Nº 7.987 establece como de conciliación y en la cual ha de quedar trabada la litis; ante tal contingencia, no es permitido al letrado patrocinante o apoderado ratificarse por el actor de los términos de la demanda; implica ello que se tenga dicha acción como desistida; motivará ello que ese trabajador inicie una nueva acción, que a mas de elevar el dato estadístico implicará para las aseguradoras el costo adicional para tratar el nuevo juicio.
3) Mas de un 85% de los reclamos deducidos en el periodo estudiado son sistémicos, persiguiendo exclusivamente las prestaciones económicas de la Ley Nº 24.557; implica ello que la factura profesional del juicio, desde que sólo está destinado a probar la existencia de la enfermedad y la exposición al agente causal, no represente para los abogados un valladar insalvable, sino más bien la ejecución continua de un trámite cuya definición yace sobre una o dos pericias.
4) Otro aspecto no menor es la inexistencia en la jurisdicción Córdoba de una instancia administrativa para la resolución del conflicto que se asemeje al SECLO, con alcance y vigencia sobre las prestaciones de la Ley Nº 24.557; la instancia administrativa instrumentada en el orden provincial alcanza los demás aspectos de la relación jurídica laboral, pero excluye los reclamos por reparación de enfermedades profesionales y secuelas de accidentes con oportunidad del trabajo . Esta instancia administrativa, de existir, absorbería parte de la presión litigiosa de la plaza.
5) Junto a estas condiciones, sin perjuicio de resaltar que en Córdoba los pleitos masivos han sido iniciados por empleados municipales y provinciales, no puede dejar de citarse la alta incidencia del trabajo industrial productivo con mayor exposición a agentes causales de enfermedades, en contraposición con lo que acontece en los sectores de servicios, el los restantes y numerosos juicios iniciados.
6) Se suma a la problemática particular de Córdoba, el mismo círculo vicioso procesal que resto del país, que surge del pleito sin gasto alguno para el actor trabajador (al que muchas veces incluso no lo condenan en costas a pesar del fracaso de su proceso), sumado a la inadmisible situación actual que a los peritos les son fijados sus honorarios con relación al monto del proceso, sistema regulatorio que de algún modo corroe el superior principio de imparcialidad.
¿Cual es la incidencia del fraude en estos litigios? El protagonista es generalmente un trabajador joven de hasta treinta años, con no más de 5 ó 6 años de exposición a agentes causales, si es que existen, que denuncia patologías columnarias o articulares, generalmente no listadas para su actividad. Este trabajador, rara vez portador de la enfermedad que denuncia, expresa -a su vez- una fecha de primera manifestación invalidante que, si bien nunca logrará probar por vía de acreditación de hechos objetivos (como licencias, estudios médicos etc.), los tribunales toman como válida, ya que es la expresada en el certificado médico que presenta acompañando la demanda con un pedido de chequear. Esto le posibilitará enderezar su reclamo contra una determinada ART que estará obligada por el plazo de vigencia del contrato de afiliación y por el término de prescripción del Art. 44 de la Ley 24557. Este reclamo fraudulento es motivado por la presentación seriada de denuncias donde el denominador común es el empleador, o bien como un sucedáneo del despido, toda vez que el trabajador abandona el sentido de membresía con el empleador y se desinteresa de los efectos negativos que provoca su indebido reclamo.
¿Cuál es la suerte judicial de estos reclamos? Dispar. Independientemente de ello diremos que el daño es anterior al resultado del pleito, pues la acción entablada dispara una serie de previsiones en el sector asegurador que influye negativamente sobre las variables, tanto de costo como de ganancia. Para mitigar esto, entre los años 2007 y 2010, las ART procuraron conciliar estos juicios para excluirlos de la cartera de contingentes, pues por la baja edad de los actores, tenía una alta incidencia la fórmula aplicable para la determinación de la prestación y el sistema era permeable a la instrumentación de acuerdos de conciliatorios. De esta forma, las aseguradoras empezaron ya no a defenderse en los procesos, sino a gestionar los efectos negativos del fenómeno. Estos reclamos dejaban de ser una variable para convertirse en una constante que necesitaba una gestión. Los altos costos operativos y administrativos de tantos siniestros imponían la necesidad de minimizar su impacto en el menor tiempo posible, relegando en prioridad a la averiguación de la verdad sobre la enfermedad profesional y su alcance, máxime teniendo en cuenta, como dijimos, que incluso rechazando el siniestro o ganando el pleito, las ART debían abonar altísimas sumas por honorarios de peritos -que superaban en muchos casos los montos que abonaban en una conciliación; en otros términos, era menos perjudicial conciliar el juicio que ganarlo-, algo totalmente ilógico. Asimismo, no debe perderse de vista que desde el aspecto comercial también se evalúa el stock de juicios, por lo que las compañías ven que la baja de juicios puede provocar un efecto menos perjudicial.
No alcanzado el acuerdo en etapa extrajudicial, la suerte del juicio, si bien dispar, escapaba a la posibilidad de la ya citada gestión. Buena parte del cuerpo de auxiliares de la justicia avocados a esta tarea, colapsados por la industria y luego cooptados por ella, fueron permeables -en muchos casos- a la certificación asertiva pero infundada de enfermedades profesionales, con base en la anamnesis obtenida de la entrevista, sin que mediara cotejo alguno.
Sumemos como ingrediente que determina la necesidad de las aseguradoras de conciliar estos juicios, las secuelas psiquiátricas sobrevinientes del infortunio laboral. Por lo general, no eran denunciadas por la “industria” en Comisión Médica por el bajísimo nivel de recepción que tenían en esa instancia, pero no pasaba lo mismo en sede judicial, donde por la mera existencia del infortunio, los dictámenes periciales determinaban un mínimo de diez puntos porcentuales de incapacidad, sin más fundamentos que el de exponer el relato del actor. Estos dictámenes de peritos oficiales, atento la labilidad de sus fundamentos, si bien muchas veces eran rechazados en los fallos como fuente probatoria, elevaban la base de la negociación.
¿Cómo se hizo y qué consecuencia tuvo? ¿Cómo proliferaron abogados "bolseros" y qué daño provocaron al sistema? El sistema de captación del interesado (trabajador) no innovó respecto de los métodos utilizados por el resto de la “industria de la reclamación” que afecta al negocio del seguro; dicho método hoy se ve beneficiado del hecho de no depender del hecho súbito y violento -injustamente por cierto- y al interesado se lo recluta con el solo requisito de ser dependiente y afiliado al sistema de la Ley Nº 24.557. Un dislate.
Una necesidad del orden procesal impuso que los profesionales médicos emitieran certificados en torno de la existencia de patologías para dar inicio de la acción, operatoria que se fue desvirtuando, pues ilícitamente muchos peritos consignaban patologías inexistentes o agravadas artificialmente.
Los procesos, mayormente iniciados contra una ART por la afiliación de empleados municipales de la ciudad de Córdoba a esa aseguradora (en lo que es motivo de investigación hasta el momento y donde la compañía damnificada fue admitida como querellante), fueron conciliados con esa operatoria. La investigación judicial determinó que, en un primer momento, fueran puestos a proceso y privados de la libertad cuatro abogados y cuatro médicos; a lo largo del proceso, iniciado en el primer trimestre del año 2010, han recobrado su libertad algunos profesionales y dos de los letrados que representaban a los actores; a ese grupo le imputaron estafa reiterada.
Continúan privados de su libertad bajo la figura de asociación ilícita un médico, dos letrados representantes de parte actora y dos apoderados externos de la citada ART -detenidos a mediados de 2011-, habiéndoseles dictado auto de prisión preventiva a todos. Pesa sobre estos últimos la imputación de asociarse con los abogados de la parte actora para el inicio y posterior acuerdo de la causa, con reparto de las utilidades que de la gestión se obtenía. Obviamente esa mecánica que se le imputa a los letrados de la demandada (que también eran apoderados de otra ART que había sufrido el embate de demandas masivas patrocinadas por los mismos abogados de los actores el año anterior), nada tiene que ver con la política de dicha aseguradora, ni mucho menos con una práctica deliberada del sector.
Recientemente ha tomado estado público la decisión de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba de constituirse como querellante en la causa; afirman en dicho sentido que no se están respetando principios ni garantías constitucionales con los profesionales sometidos a proceso (cabe señalar que la figura de querellante está prevista para el particular afectado por el delito, no para la defensa de los imputados). Ello, luego de que el Juez de Control, Esteban Díaz, rechazara “in limine” la denuncia penal que el Estudio Cafure presentó por presunto abuso de autoridad en contra de los fiscales Enrique Gavier y Carlos Mariano Antuña por un allanamiento sufrido en la sede de dicho estudio el marco de la investigación.
El sometimiento a proceso de letrados y médicos, si bien guiado por las mejores intenciones, ha resentido aún más la problemática de la gestión de las causas judiciales en la jurisdicción; ello es así por cuanto ha desbaratado (casi en su totalidad) la posibilidad de someter la cuestión litigiosa a estudios extrajudiciales, para evadir los efectos negativos de la mora judicial. Implica ello que la vida promedio de los procesos -al menos- se ha duplicado -con el impacto adicional que tiene la tasa de interés que se aplica en la jurisdicción, que excede la activa, por lo que la aseguradora corre con el riesgo monetario relacionado con la eficiencia del poder judicial- y un ya colapsado sistema de peritos judiciales oficiales trabaja al ritmo de los turnos que los Entes de Salud públicos otorgan para la realización de los estudios necesarios para poder expedirse.
A su vez, ese reducido número de letrados que por diferentes métodos captaban gran cantidad de actores, vino a ser reemplazado por una multiplicidad de letrados que concentran un bajo número de causas, por lo que la industria, lejos de desaparecer, vino a reverdecer en los espacios dejados por quienes fueron sus mentores. Para coronar la cuestión, a los nuevos protagonistas pareciera no importarles la supervivencia del sistema de reparación instaurado por la Ley Nº 24.557 (de seguro de prestaciones económicas y en especie por medio de ART), desconociendo cuál es el sistema que habrá de reemplazarlo, arremeten planteando (muchas veces con éxito) toda clase de inconstitucionalidades que se proyectan sobre la suma asegurada, provocando desajuste de previsión y aumentos del valor de la capita.
Tanto los guarismos de la jurisdicción Córdoba, como los hechos que involucran a letrados de ambas partes y que a consideración de la justicia penal mediterránea justifican la investigación llevada cabo y las medidas adoptadas, se proyectan como sombras de un sistema legal de reparación de enfermedades que no ha logrado (por causas que escapan a este trabajo), renovarse para anticiparse a la problemática y reducir los efectos negativos del fenómeno. Las ART, avocadas a gestionar la nueva constante del negocio, se expusieron a las maniobras que, a expensas de esa necesidad, desplegaron un grupo de letrados y médicos, al amparo de una ley procesal benévola y el nulo requisito para la parte actora; se advierte, sin embargo, que sus autoridades han tomado debida nota de lo acontecido, celebrando en este caso el sector el hecho de que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo haya tomado activa participación en la defensa del Sistema.
¿Cómo se soluciona este problema? Más allá de lo dicho, creemos que a esta altura resulta imperioso cambiar el sistema procesal y aggiornar la legislación de fondo.
Argentina necesita contar con una nueva Ley de Riesgos del Trabajo acordada por los actores sociales: trabajadores, sindicatos, aseguradoras, empresarios y poderes políticos/legislativo/judicial, que mantenga las bondades del actual sistema e introduzca las reformas exigidas por la sociedad y la jurisprudencia.
El procedimiento administrativo debe mejorarse para ser ágil y creíble.
Las ART deben realizar ofrecimientos y arribar a acuerdos examinando las patologías y las incapacidades para abonar las sumas que correspondan y deben rechazar las que no encuadren.
Se debe restringir el uso indiscriminado del beneficio de litigar sin gastos al actor de juicio por accidente laboral.
Es imperioso sancionar la pluspetición en sede de la Justicia del Trabajo.
Los jueces deben imponer las costas solidarias a cargo de abogados que demandan sumas desproporcionadas, por patologías inexistentes o alevosamente agravadas. Debe existir responsabilidad y seriedad profesional.
De una vez necesitamos contar con solución jurisdiccional que castigue la estafa procesal.
Urgentemente se debe cambiar la forma de regular los honorarios profesionales de los peritos médicos y deberíamos contar con un esquema de honorarios tarifados de peritos en los juicios, sistema tarifado que tanto éxito ha dado en otro tipo de procesos, por ejemplo los honorarios de los mediadores o los conciliadores laborales. En estos últimos ejemplos de honorarios tarifados nadie se queja, el costo es absolutamente razonable y la retribución cuenta con toda lógica. Además se evitan intereses en el resultado del proceso.
En cuanto a la atribución de las costas al perdidoso debe legislarse en crear un fondo especial para atender honorarios en caso de que perdidoso fuera insolvente de modo de no castigar al demandado solvente, ni al sistema, pues esos honorarios obviamente desfinancian a la industria de los Seguros de Riesgos del Trabajo.
Debe mantenerse e incrementarse el aporte y control de la SRT.
El sistema puede mejorarse con el aporte de los protagonistas, pues es necesario mantenerlo ya que esta cobertura es de vital importancia para la sociedad, para las víctimas, para la prevención de riesgos, para el empresario y, en definitiva, es un instrumento imprescindible para el desarrollo económico.
Si bien el trámite prevé el pedido de informes mediante oficio a un registro de juicios, no en todos los casos procede la acumulación de los juicios, atento el diferente estadio procesal de los mismos.
El Art. 22 de la Ley vigente (Pcial. 8.015) establece que en todo caso de accidente o enfermedad de trabajo, los empleadores y los trabajadores están obligados a denunciar su acaecimiento al Ministerio de Trabajo, a los fines de su intervención sin perjuicio de la actuación de oficio. Compete a la autoridad laboral disponer las medidas pertinentes a fin de remover o disminuir las causas que provocaron los infortunios, formar las estadísticas y efectuar las recomendaciones necesarias y que el Ministerio deberá convocar las audiencias y juntas médicas para obtener la composición de los intereses en conflicto o determinar las incapacidades resarcibles. Lo cierto es que la ley tenía por finalidad atender los requerimientos del régimen de reparación vigente a al fecha de la sanción de la Ley Nº 8.015 (29-11-1990), que no era otro que el estatuido por la vieja Ley Nº 9.688.

 
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