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Trabajo sin Riesgos



Las adhesiones al Plan de Inclusión de Empresas (PIE), el baremo de incapacidades, algunas enfermedades que se incorporaron al listado, mutuas, el autoseguro, la relación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), fueron algunos de los temas abordados por Mara Bettiol, gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).


Con un índice de morosidad estable, de alrededor del 5%, el Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) es percibido por la población asegurada, según Mara Bettiol, gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), como un servicio que brinda las prestaciones adecuadas en tiempo y forma.
Desde la UART se desconoce la evolución del Plan de Inclusión de Empresas (PIE), aún no se disponen de las cifras finales sobre la cantidad de empleadoras que adhirieron. No obstante, si bien no se han modificado los índices de morosidad a partir del PIE, la cantidad de empresas que consultó para regularizar su situación fue calificada como “considerable”. Quizás una de las razones por las cuales el PIE no llegó a alcanzar masividad obedece a que la suscripción al programa acarreaba cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social y no sólo las vinculadas al sistema de riesgos del trabajo.
Entre las propuestas presentadas por dos de los ex candidatos a las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 27 de abril, se presentaba una que tenía como objetivo abaratar los costos laborales, y de este modo, contribuir a combatir el trabajo en negro. La idea era conformar un fondo de desempleo con el aporte de los trabajadores para que las empresas no tuvieran que afrontar los despidos.
Mara Bettiol opinó al respecto: “Las empresas que no tienen sus trabajadores en blanco conforman un problema social y económico grave. Las causas son múltiples, comenzando por la economía en negro y continuando por el volumen de las cargas sociales y laborales como así también el cúmulo de trámites a completar para inscribir y mantener en blanco a un trabajador. Asimismo, hay una fuerte percepción por parte de los empleadores respecto de que las exigencias del Estado se focalizan más en los que están cumpliendo, con lo cual esto a veces se transforma en un factor para inducir al no cumplimiento.
En mi opinión, es condición necesaria una fuerte coordinación entre el diseño de las políticas del mercado laboral y los mecanismos de recaudación. Esto es especialmente válido en el contexto actual, en el cual el empleo en negro tiene características de masividad muy importantes”.
Según la SRT, dos de las medidas adoptadas últimamente son las referidas al reacomodamiento del baremo para incapacidades, la próxima incorporación sería el hantavirus y, si se logra consenso, el mal de Chagas, admitido como enfermedad endémica y con condiciones objetivas, entre ellas, que la vivienda del empleado sea provista por el empleador. Bettiol comentó: “La Superintendencia instrumentó varias propuestas, algunas de ellas fueron aprobadas por el Comité Consultivo. Hasta el momento, el sector no ha recibido una comunicación formal u oficial sobre las mismas.
Respecto del baremo, tuvimos acceso a un borrador, sobre el cual formulamos nuestros comentarios técnicos y los comunicamos a diferentes autoridades del sector público y del sector privado. Con referencia a las restantes iniciativas, simplemente hemos recibido comentarios generales sobre su contenido.
Lo que los diseñadores de políticas deben tener en cuenta es que la cobertura adicional trae aparejada un costo que se trasladará luego a los empleadores, razón por la cual es sumamente importante no agregar contraprestaciones innecesarias”.
En cuanto al número de empresas que aseguran trabajadores expuestos a estas enfermedades, Bettiol manifestó no disponer de esa información. Sin embargo, comentó que el total de infectados de Chagas en nuestro país, a pesar de no llevarse un registro, es de aproximadamente el 80 o 90% de la población del noroeste.
“Al sistema hay que agregarle todo lo que se encuadra dentro del marco de la previsibilidad y lo vinculado exclusivamente a los riesgos del trabajo”, sentenció.
Respecto de los planteos presentados ante el Comité Consultivo Permanente por parte de la UIA que pidió tratar la flexibilización de los requisitos para el autoseguro, de las PyMEs que solicitaron la reglamentación de las mutuas y de la CGT que planteó revisar algunas de las normas del sistema con el objeto de modernizarlas o ajustarlas a las nuevas necesidades, la gerente general de la UART reveló: “Tampoco sabemos en qué consiste específicamente la propuesta. El caso del autoseguro básicamente no presenta demasiados problemas para el sector en la medida que no sea una competencia desleal, que en vez de ser un autoseguro como corresponde, con reservas y capitales que garanticen el efectivo cumplimiento de las prestaciones, con el paso del tiempo, esta iniciativa se traduzca en una suerte de ‘no seguro’ en el cual las empresas se ahorran contratar una ART -esto significa en promedio menos de un 2% de la nómina- y sean los trabajadores quienes paguen el riesgo de su desprotección.
En la medida que todo esté en orden, el autoseguro configura solamente un competidor más, en un mercado ya muy competitivo”.
Lo que resulta llamativo, por lo menos, es que en un momento donde la necesidad de abaratar costos hizo que las compañías tercerizaran todos sus servicios apelen al autoseguro.
“En cuanto a las exigencias, son equiparables a las de una ART. En la lógica del seguro siempre debe haber una masa crítica suficiente y, a partir del riesgo existente, un determinado capital que sea independiente de la situación de la empresa.
Entretanto, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de velar por que la cobertura sea de derecho y de hecho.
En cuanto a si el trabajador, en este caso, posee la misma información sobre sus derechos, la titular de la UART aseguró que en la medida que se cumplan los requisitos establecidos para cualquier ART, esta forma de seguro no debe implicarles dudas.
Con respecto a las mutuas, entiende que esta iniciativa no habría prosperado ya que “no existe una Ley general que reglamente la actividad mutual en nuestro país. El autoseguro es una respuesta a las grandes empresas y las mutuas a las medianas y pequeñas. La cuestión básica es la misma que para el autoseguro”.
Convencida del éxito del sistema, Bettiol asegura: “La gran ventaja que hoy presenta el sistema es que, en primer lugar, hay una definición amplia de lo que es accidente de trabajo, por lo que se percibe como un contrato sin letras chicas. El trabajador sabe que ante un infortunio laboral está protegido y además no necesita de gestores, son trámites muy simples. Todos los derechos están en la Ley, reglamentados en cada paso, cada prestación, cada incapacidad, y permanentemente esto es auditado por la Superintendencia, lo que da garantía ‘oficial’ de que la prestación llega en tiempo y forma.
Por ello, si funciona y es percibido como servicio, no deberíamos esperar que se efectúen grandes cambios”.
Con referencia a la opinión del sector y a si los reclamos manifestados en el seno de la UART han tenido eco ante el organismo de control manifestó: “En el Comité Consultivo interviene el Estado, las entidades empresariales, los sindicatos, debido a que la ley lo previó de este modo. Pero, a mi entender, esto no quita que las propuestas allí originadas puedan ser elevadas al sector privado sólo para tener una opinión más. Mara Bettiol aclaró que “para ser parte con voz y voto del Comité Consultivo habría que modificar la Ley, de todos modos existen diferentes mecanismos de participación que podrían articularse desde el CCP, si esa fuera la voluntad.
Bettiol explicó: “Muchas veces, con la Superintendencia coincidimos en los objetivos pero no en la letra chica de las normas. Nosotros no pretendemos cogestionar. Simplemente, opinar. Creemos que la SRT regula las operaciones de las ART desconociendo la experiencia de quienes son los responsables de lleva a cabo dichas iniciativas y en especial, con poblaciones masivas de trabajadores y empleadores.
Además, hay que tener en cuenta que en este sistema no sólo intervienen distintos sujetos sino diferentes disciplinas, médicos, prevencionistas, abogados, expertos en sistemas, etc.”.
La actualización de los exámenes periódicos y la calidad de las prestaciones actuales, fueron otros de los temas tratados.
“En general, las auditorías sobre las ART demuestran que las obligaciones se cumplen ampliamente; por lo tanto, en la medida que las empresas se enteren antes de los problemas, es mejor. Una enfermedad profesional tarde o temprano se descubre y debe ser cubierta.
Muchas veces, suele suceder que empleadores no mandan los mapas de riesgo a las ART o si lo hacen, no dan permiso al trabajador para completar los exámenes. Nosotros elevamos una propuesta a la Superintendencia en orden a modificar ciertas fallas sobre el diseño de los mapas de riesgo y el procedimiento de los mismos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta favorable.
En el esquema actual de responsabilidades podría ser factible una mayor eficiencia en la medida que se modifiquen cuestiones de diseño y procedimiento”, finalizó la gerente general de la UART.

Liliana M. Urruti


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