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Los Riesgos del Sector Agropecuario



En base a datos estimados, el sector agropecuario y la agroindustria aportan aproximadamente el 44% de la producción de bienes. Esto implica entre un 12 y un 15% del PBI total. Para hablar de los temas que conciernen al sector, sus problemas y aciertos, estuvimos con Juana Tocci, Coordinadora General de la oficina de Riesgos Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA).


A partir de la década del `90 la privatización de las empresas de servicios configuró un país con inversiones extranjeras en esos sectores que trajo aparejado un desarrollo y ganancias muy importantes para sus nuevos propietarios. A esto se le sumó el éxito del sector bancario, que también generó pingües ganancias. Sobre estas bases se sentó el movimiento económico del país. Pero la industria y el sector productivo no corrieron la misma suerte. Las importaciones, favorecidas por la paridad de la divisa, dieron el tiro de gracia a la fabricación y manufacturación de productos nacionales y a las industrias, que también, con paridad uno a uno, fueron desapareciendo.
De este enroque y cambio de paradigmas, el sector agropecuario sobrevivió y aun con arteras dificultades, entre ellas retenciones e impuestos en algunos casos distorsivos. No quebró su espíritu y continúa siendo un generador de divisas que no baja los brazos. Hoy el campo configura uno de los sectores que ofrece peores condiciones salariares y de riesgo laboral.

El Sector en Cifras
Si bien las cifras que grafican la representación del sector agropecuario en el PBI del último trimestre de 2002 no están disponibles aún, Juana Tocci, Coordinadora General de la Oficina de Riesgos Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), se refirió a la evolución del mismo en los siguientes términos: “En 1993 el sector generaba el 41% del total del valor agregado de bienes, en tanto que en el 2001 ese porcentaje se situaba en un 47%. El agropecuario fue el que ganó mayor participación del total de sectores. En el mismo período, el ramo de manufacturas industriales pasó del 31% al 22% y el de construcción del 17% al 16%. Los demás permanecieron al mismo nivel o con algunos incrementos no significativos.
La estructura del PBI a precios corrientes muestra indicios del cambio producido en los precios relativos a partir de la devaluación; el valor agregado agropecuario pasa de explicar tan sólo el 7% del total en el segundo trimestre de 2001 al 18% en el mismo período de 2002”.
En cuanto a la extensión de suelo apto para la siembra y para la cría de ganado, qué superficie cultivable está en uso actualmente y asegurada, y cuál es la base sobre la que se calcula el porcentaje de retenciones e impuestos del sector, la licenciada explica: “En la campaña 2000-2001, según datos de la dirección de estimaciones de la SAGPyA, se sembraron aproximadamente 27,5 millones de hectáreas, cifra superior a las de años anteriores (quinquenio 95/96 a 99/00: 26,8 millones de hectáreas.). No dispongo de los datos concretos respecto de la cantidad de hectáreas utilizadas para la cría de ganado, pero el stock ronda los 50 millones de cabezas. De estas magnitudes es difícil inferir el número de hectáreas aseguradas. La información oficial del monto de primas colocadas se captura a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), no así el número de hectáreas aseguradas. Sin embargo, por datos que nos acercan las compañías, entre un 40 y 50% de la superficie tiene seguros de algún tipo, fundamentalmente contra granizo”.
A pesar de todos los inconvenientes, agregó, “en el 2002, hubo una expansión del área sembrada total. El impacto negativo lo acusaron los productores de trigo que sufrieron una retracción de sus áreas sembradas, porque en la primera etapa de la crisis (después de diciembre de 2001) cobraron su cosecha en pesos y cuando en julio empezó la siembra pagaron insumos en su equivalente en dólares”.

Retenciones e Impuestos
Respecto de las retenciones a las exportaciones, “AGP (Agricultura Ganadería y Pesca) y MOA (Manufacturas de Origen Industrial) generan ingresos al Estado por 1.711 millones de dólares (base 2002), contra 676 millones aportados por las exportaciones de Minería, Suministros, Construcción e Industria. Es decir, el sector agropecuario aporta el 71% de los ingresos en concepto de retenciones. La alícuota promedio de retenciones (AGP y MOA) es del orden del 14%”, afirmó la entrevistada.
En cuanto al resto de los impuestos explicó que calcular una cifra implicaría sumar Ganancias, IVA, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales, ITC, Impuesto a las Transferencias Bancarias e impuestos particulares de cada actividad sectorial. Además de Ingresos Brutos y sus modalidades de convenio multilateral a nivel provincial y tasas a nivel municipal. “Probablemente la AFIP cuente con una estimación, pero considerando que un mismo contribuyente puede tener otra u otras actividades además de la agropecuaria y que las liquidaciones tributarias se realizan por persona (física y/o jurídica) se torna muy complejo calcular una cifra”, dijo.
No pocos de los sectores que intervienen en este negocio sostienen como factor desequilibrante y responsable del escaso desarrollo de los seguros a la incorrecta distribución del presupuesto que se le asigna y a que la recaudación sobre retenciones e impuestos no se vuelca al agro sino a cubrir los baches de otros presupuestos insuficientes, en otras áreas económicas. Juana Tocci, responde a esta observación: “Es una apreciación que deberá contestar quien lo piensa. Las retenciones no se vuelcan al agro porque si así fuese no tendría sentido extraérselas. No es un impuesto con destino específico”.

Los Protagonistas La participación de privados, Estado, y trabajadores o expertos de un sector debería ser la modalidad utilizada a la hora de contribuir a un verdadero debate, aportar para que el área ocupe una posición más relevante y ayudar a la conformación de un plan estratégico.
“Si nos referimos a delinear pautas de crecimiento que impliquen bajar la incertidumbre, echar mano a medidas y herramientas que den previsibilidad a los resultados empresarios o disminuyan las fluctuaciones de los mismos, los seguros agropecuarios son parte de ese conjunto de instrumentos. En consecuencia, el papel del sector público es alentar la proliferación de una variada y buena oferta de coberturas y facilitar información analítica para una correcta toma de decisiones en la administración de riesgos.
Desde el ámbito privado, a las compañías de seguros les cabe la posibilidad de aumentar sus negocios ofreciendo nuevos productos que abarquen más zonas, buscando eficientizar la gestión integral del servicio.
En tanto, los productores agropecuarios saben que las posibilidades del Estado como reasegurador último de cada evento climático adverso están acotadas, y que la responsabilidad primera de proteger sus ingresos es de ellos mismos. En consecuencia, deben participar activamente junto con el sector público en el desarrollo de los mecanismos que los ayuden al recupero de su capital de trabajo en caso de la ocurrencia de adversidades”, sentenció Tocci.
Respecto de iniciativas privadas -como la denominada ARA S.A.- destinadas a trabajar en forma conjunta en la solución de los riesgos del sector, le parecen decisiones muy válidas para optimizar el servicio que brinda el sector asegurador como así también para aumentar su escala de grandes negocios y achicar el costo de algunos insumos utilizados en el ramo.
Los diálogos tendientes a delinear políticas sectoriales fueron abordados, según Juana Tocci, por la Mesa Nacional Agropecuaria integrada por las Entidades Agropecuarias y la ORA, que fue creada por la actual gestión del Secretario Aroldo Lebed. El otro ámbito de discusión es el Consejo Federal Agropecuario, integrado por los secretarios y ministros de agricultura de todas las provincias argentinas.

Ley de Emergencia
Una de las preguntas que se presenta es sobre si se está pensando en una revisión de la Ley de Emergencia, ya que los productores no están en un cien por ciento de acuerdo con lo que ella promulga.
“En las entidades de productores, Estado Nacional y gobiernos provinciales existe la idea generalizada, y desde hace tiempo, de repensar y modificar la Ley de Emergencia. Lo que no existe, aún, es la decisión común de nombrar una comisión de trabajo para que se dedique al tema y genere una propuesta consensuada. De hecho, esto se refleja en que todos los años se genera un número variable de Proyectos de Ley de Emergencia y también de seguros, presentados tanto en las legislaturas provinciales como en el Congreso de la Nación. Su destino, hasta ahora, siempre ha sido la pérdida de estado parlamentario.
Nosotros creemos que éste es un tema sensible, en el que se puede mejorar, y mucho, especialmente en lo jurídico, y que sólo llegará a buen fin con un tratamiento técnico serio y con el acuerdo de todas las partes”.

Plan de Protección Básico por Área
El Plan de Protección Básico por Area, dijo, “es un desarrollo técnico y jurídico serio e inédito que constituye un excelente seguro para riesgos sistémicos porque cubre el daño por áreas garantizando rendimientos por cultivo en zonas productivas homogéneas.
Durante su diseño fue discutido ampliamente con la SSN, aspecto vital, porque la modalidad de garantías de tipo index no tiene antecedentes en el país, y también fue trabajado con las compañías de seguro para que la transferencia del riesgo fuera posible. Las entidades de productores ven sus ventajas siempre que el Plan se sume a los beneficios que concede la Ley de Emergencia.
El Plan se encuentra en el nivel ejecutivo. Una vez tomada la decisión política puede implementarse”, explicó.
Otras de las preguntas infaltables fue si finalmente se sancionó el Decreto que autoriza a la Secretaría de Agricultura a contratar un seguro a través de una licitación pública que cedería los derechos de indemnización a los productores. Sobre esto, Tocci dijo: “No. El Decreto del Poder Ejecutivo se firma luego de que el expediente pasa por una serie de instancias, en este caso llegó a la Oficina Nacional de Presupuesto con dictamen favorable. En paralelo, un senador nacional presentó el PBA como proyecto de ley”.

Devaluación
La devaluación fue un fuerte escollo a sortear, a pesar de que trajo como aspecto positivo la reinserción en el mundo de las exportaciones con importante ventaja competitiva para los productores, ya que ello produjo un corte en la cadena de créditos para la adquisición de insumos agropecuarios.
Por su parte, Tocci aclaró que “la totalidad de la siembra post devaluatoria fue afrontada directamente por los productores primarios, la metodología más utilizada fue la de operar con canje sobre disponible, es decir, desapareció la posibilidad de financiarse a cosecha a través del canje. El proveedor entregaba los insumos una vez liquidada la entrega del físico.
En algunos casos, los productores decidieron no afrontar compromisos bancarios anteriores a la devaluación y con ese flujo de cereal financiaron la siembra. Es importante destacar que se licuó más del 60% de la deuda bancaria lo cual dio resto al campo para afrontar la siembra en forma genuina.
Indudablemente con la devaluación del peso, el sector exportador en conjunto y particularmente el agropecuario y agroindustrial recuperaron las ventajas competitivas.
Todo crecimiento tiene como condición la competitividad, pero no es la única, también es importante un marco político, social, jurídico y económico adecuado que disminuya el nivel de incertidumbre para las inversiones”.

Las Aseguradoras
Llegado a este punto es importante conocer la opinión de la SAGyP sobre el avance de las aseguradoras en el diseño de productos acorde a las necesidades, y del Estado y los agricultores acompañando y promocionando la evolución del sector con nuevas propuestas.
“A partir del ‘97, las compañías fueron incorporando nuevos productos a la oferta como el multirriesgo y los seguros vinculados a créditos financieros y comerciales para siembras. Fue un momento de marcado dinamismo, acompañado por la proliferación de capitales de reaseguro. Ahora, con restricción del reaseguro, y algunos problemas de resultados, notamos que la estrella vuelve a ser el granizo. Un producto de seguro tradicional con pérdidas manejables para las compañías, que se ‘preocupan’ en identificar nuevo negocios y buenos clientes, lo que no quiere decir necesariamente que ‘inviertan’ en desarrollo”.
Juana Tocci dice no estar de acuerdo con un seguro agrícola estatal ya que, según sus palabras, “el rol del Estado es el de brindar una protección básica exclusivamente para riesgos sistémicos, es decir muy intensos y de amplia afectación, y llegar a desarrollar las formas para que esta protección se traduzca en una indemnización ante las pérdidas y que los productores recuperen el nivel de actividad más rápidamente luego de una emergencia. Consideramos que para cubrir el riesgo individual están las compañías que se dedican a eso y pueden ajustar los seguros a conveniencia del productor.
Esto no significa que no estemos interesados en el desarrollo de coberturas individuales, es más, las alentamos y hay mucho todavía para hacer en el terreno de la información para que se desarrollen en forma sustentable”.
Los seguros agrícolas representan una porción muy pequeña sobre el total del mercado. “Clasificados como seguros patrimoniales, su incidencia es del 1,32% del total de primas de seguros, mientras que el automotor es del 32,44%, siguiéndole en importancia vida con un 20,25%. Esto revela su condición de negocio marginal para las mayorías de las compañías, con excepción de aquellas con marcada actuación local”, aseguró.
Aunque la licenciada lo desconozca, otra idea muy difundida es que los productores consideran al seguro un gasto y no una inversión. “No sé de donde salió eso, pero un productor que toma seguros lo considera una herramienta de gestión y no se pone a revisar conceptualmente dónde encasillar sus costos. De hecho, muchos productores han respondido en la encuesta realizada en Feriagro que el seguro no les resulta caro, simplemente a veces no les satisface la cobertura. Particularmente, este problema aparece con las pólizas multirriesgo y son pocos los productores que las adoptan”, disparó tajante.
No obstante, según una encuesta -que se puede consultar en la página de internet de la SAGPyA en “Riesgo y Seguros”-, realizada en la última edición de Feriagro por ORA, sobre casi 400 productores agrícolas, un 58% de los mismos tomaron seguros en los últimos 10 años.

Inundaciones
A consideración del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), “existe una tendencia a tratar las inundaciones en la zona pampeana como un fenómeno atípico o anomalía entendiendo que son desvíos de una situación de supuesta normalidad. Sin embargo, durante los últimos 30 años, los episodios de inundación o anegamiento se han transformado en parte permanente del paisaje regional con niveles variables de intensidad según el daño y lugar”.
A esta realidad, que parece de difícil solución pero común, ahora se le ha agregado otra extremadamente preocupante, el desborde del río Salado, con la que parece habrá que luchar en lo sucesivo ya que no hay una coincidencia de opiniones con respecto a la previsibilidad de ese fenómeno -que hoy le tocó a la provincia de Santa Fe pero que podría abarcar a otras regiones de nuestro país.
Si bien ni el Director de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pochat, ni el Servicio Meteorológico Nacional, ni el Instituto de Clima y Agua del INTA, se han expedido sobre el comportamiento de cuencas hídricas, el CONICET puso de manifiesto que era una situación conocida por los equipos técnicos de la provincia.
Sin embargo, Juana Tocci opinó como ciudadana en cuanto a una posible solución hídrica: “Creo que habría que pensar en un plan global puesto que si cada provincia sigue una política hidráulica sin considerar a sus vecinos el manejo del agua se torna incontrolable”. Más allá de otras pérdidas, le preguntamos a la entrevistada cómo se miden las padecidas por el sector agropecuario, a lo que respondió: “Un punto de partida para esto es comprender que las pérdidas pueden ser mensurables y no mensurables. Dentro de las primeras existen pérdidas de valor real, como puede ser la del costo directo de algún cultivo o la muerte de determinada cantidad de animales, y pérdidas de valor potencial, es decir el costo de oportunidad de generar valor que tienen los bienes. Dentro de las no mensurables está el daño producido a los recursos humanos, perdidas de tiempo de reconstrucción, desaceleración de economías regionales, etc.
Es imposible valuarlas en su totalidad ya que hay valores cualitativos que pesan mucho en el análisis, solamente se las puede valuar en sus conceptos mensurables”.
La Secretaría no cuenta con un plan de emergencia para ayudar a paliar estas situaciones. Sin embargo, Tocci confirma que “La Ley de Emergencia Agropecuaria es el instrumento para atender situaciones de esta naturaleza. En este caso en particular, se destinó una ayuda inmediata en efectivo ad hoc. También existe un Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) que depende del Interior”.
Tampoco “hay una fórmula común para encarar la recuperación. Estas son estrategias particulares que varían de acuerdo a cada productor y a su realidad individual. Un ejercicio realizado para la zona de Pergamino nos indica que ante una pérdida del 50% de ingresos, el productor tipo de la zona no vuelve a tener el mismo nivel de actividad antes de los 3 años y medio. Pero habrá campos que pasarán de agricultura a cría, habrá otros que se recuperarán pronto y otros tardarán mucho más tiempo.
Tenemos casos extremos, como el de Aron Castellano (Santa Fe) donde antes de la gran inundación de 1998 los tamberos que hasta ese momento se levantaban temprano a ordeñar hoy lo hacen para pescar, y en medio de la tragedia esta actividad se ha transformado en la principal de muchas familias”.
Además expresó, en cuanto al deterioro que una situación de estas características produce a la producción global, que “es muy prematuro hablar de cifras. Si nos referimos a Santa Fe no hay aún una valuación oficial.
Por otro lado, en este caso no sólo es el agro el afectado sino lo urbano. El concepto agro vs. urbano es vetusto. Hay que pensar en desarrollo local”.

Reaseguro
Respecto a cómo se manejó el reaseguro para este sector en momentos donde prácticamente estaba interrumpido, con altas tasas de morosidad, y un mercado duro, que lo hacían prácticamente inalcanzable, afirmó que “no desapareció, aunque fue afectado por situaciones que no necesariamente tienen que ver con el sector agropecuario (atentado a las Torres Gemelas, riesgo país, caída en el mercado de valores, etc.)”.

Banco de Datos
También es importante destacar que desde la ORA se ha logrado, por fin, conformar un banco de datos con información que permite evaluar los riesgos de manera más precisa.
Tocci comenta: “Hemos logrado identificar dónde están los datos climáticos seriados, de suelos y aptitudes, biológicos, tecnológicos y productivos, y cuál es el nivel de desagregación, la calidad y la presentación. Esta tarea no es menor. Todas esas capas son necesarias para integrar un mapa de riesgo que defina las probabilidades de ocurrencia de los distintos fenómenos meteorológicos en cada zona y su impacto en cada cultivo. Hemos organizado a los profesionales para el trabajo y hemos escrito una metodología para la elaboración. En consecuencia nuestro problema ahora no es tener las bases de datos, sino actualizarlas e integradas en un programa, a partir del cual se puedan realizar consultas analíticas, por ej.: qué probabilidad de exceso hídrico tienen en la localidad de Laboulaye en Roque Saénz Peña, Córdoba, y qué pueden esperar como pérdida promedio en soja, debido a este factor, o cómo se comporta la productividad en el este de Santiago del Estero respecto del Centro”.
Respecto de lo que se viene, no hay respuestas todavía para el sector agropecuario.

Liliana M. Urruti

 
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